Juntas vecinales preparan asamblea por el cercado de Viña del Río

El presidente de juntas vecinales de Huánuco, Clever Calixto, anunció la preparación de una asamblea ciudadana para evaluar el cercado instalado alrededor de la Laguna Viña del Río y establecer una posición técnica y legal sobre el proyecto. El dirigente cuestionó que la intervención se ejecutara antes de que la población conociera las autorizaciones y condiciones de la obra. Calixto afirmó que vecinos, comerciantes y personas con problemas de movilidad fueron afectados por la reducción de los accesos. También sostuvo que no existió una consulta suficiente sobre la circulación alrededor del espacio público. La asamblea todavía no ha sido convocada El dirigente mencionó el auditorio del Colegio de Abogados como una posible sede, pero no confirmó la fecha, hora, agenda ni organizaciones que participarían. La reunión buscaría examinar el expediente, las certificaciones y las responsabilidades de las entidades que intervinieron en el cercado. Hasta que se formalice la convocatoria, el anuncio permanece como una iniciativa en preparación. Cuestiona la intervención nocturna Calixto preguntó por qué la instalación fue ejecutada fuera del horario habitual si, como sostienen las autoridades, el proyecto cuenta con respaldo administrativo. También afirmó que una parte del cerco comenzó a desprenderse por el viento y estuvo cerca de alcanzar a una persona. Esta versión fue presentada por el dirigente y requiere ser contrastada con registros de seguridad, reportes de incidentes o la posición de la entidad responsable. Según su interpretación, el cerco perimétrico y las instalaciones provisionales deberían formar parte de las obligaciones del contratista. Por ello, reclamó que se establezca quién ordenó el trabajo, con qué presupuesto fue pagado y bajo qué componente del proyecto se ejecutó. Las acusaciones penales no están acreditadas Calixto pidió la intervención de la Fiscalía, la Contraloría y los órganos de control. Durante sus declaraciones utilizó términos asociados a una posible utilización irregular de recursos públicos. La entrevista, sin embargo, no estuvo acompañada por comprobantes, órdenes de servicio, certificaciones presupuestales o documentos que acrediten un desvío de fondos. Cualquier calificación penal constituye por ahora una afirmación del dirigente y no un hecho comprobado. El siguiente paso será la convocatoria formal de la asamblea y la presentación de los documentos que permitan identificar quién ordenó, financió y ejecutó el cercado.