Jueza constata que cerco impide acceso a Viña del Río; Pulgar afirma que obra está lista al 100 %

El cerco metálico colocado alrededor de la laguna Viña del Río impide el ingreso a su interior. Esa fue la constatación central de la jueza Anabely Meza Pérez durante la inspección realizada como parte de la demanda presentada contra el cierre del perímetro. La diligencia incorporó hechos al proceso, pero no ordenó retirar las planchas ni paralizar el proyecto: la decisión judicial continúa pendiente. Durante el recorrido, que abarcó aproximadamente el 90 % del contorno de la laguna, la magistrada dejó constancia de que tampoco existía acceso desde el jirón 2 de Mayo. La diligencia tuvo que avanzar entre los estands de la feria, utilizando la vereda y parte de la pista. Solo se observó un espacio menor a metro y medio entre los puestos, insuficiente para ingresar y que además dificultaba ver el cerco. Al concluir, Meza reiteró: “No se tiene acceso a la parte interior de la laguna”. El alcance exacto del proceso La jueza precisó que la demanda examinada tiene un objeto concreto: el cerco que imposibilita el acceso. Por ello, no aceptó ampliar la inspección hacia el ingreso de aguas contaminadas ni hacia otros problemas ambientales mencionados por asistentes. Cuando uno de los abogados señaló antiguos accesos por el jirón Leoncio Prado y el puente de Arpa, la magistrada indicó que esa referencia constituía una alegación y debía sustentarse por escrito. La precisión es importante. La inspección no evaluó todo el proyecto de remodelación ni certificó su viabilidad ambiental o técnica. Tampoco resolvió todavía si el cierre vulnera derechos. Lo verificado judicialmente, hasta ahora, es una situación material: el perímetro permanece cerrado y no permite entrar a la laguna. El Gobierno Regional defiende el inicio En sentido contrario a los cuestionamientos, el gobernador Antonio Pulgar afirmó ante el Concejo Municipal que el proyecto está “listo al 100 %”, cuenta con recursos garantizados y no tendría motivo para detenerse. Reconoció la existencia de denuncias y acciones judiciales, pero sostuvo que corresponderá a las autoridades resolverlas y que, mientras tanto, estas no deberían frenar la inversión. Pulgar aseguró que no se talará ningún árbol, que el diseño incorporará mariposarios, flora y fauna, y que una geomembrana inicialmente prevista fue retirada a pedido de sectores ambientalistas. También señaló que vecinos de la zona constituyeron un comité para supervisar la calidad de la obra y afirmó que, en una reunión previa, ninguno de los presentes se opuso al proyecto. La inspección judicial, sin embargo, mostró que el conflicto no está cerrado: al lugar acudieron ciudadanos que respaldan la intervención y otros que rechazan el cercado. Por ello, la asistencia a una reunión no permite atribuir una sola posición a todo el vecindario. Argumentos técnicos todavía por acreditar El equipo expositor sostuvo que la laguna es de origen artificial, presenta sedimentación y necesita liberar nuevamente su vaso para recuperar profundidad. También describió una captación deteriorada, un desfogue peligroso y senderos que no ofrecerían condiciones adecuadas. Esas explicaciones sustentan la necesidad de intervenir, pero en el material revisado no se precisaron el número y fecha de aprobación del expediente, la certificación ambiental, las autorizaciones aplicables ni los informes específicos que respaldan las afirmaciones sobre flora, fauna y condiciones hídricas. Marco Durand Roca, representante de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, anunció que su institución vigilará plazos, procedimientos y uso del presupuesto, y que informará a las instancias de control y al Ministerio de Economía y Finanzas si corresponde. El propio Durand reconoció que la exposición escuchada no constituía una certificación y admitió que podrían existir aspectos técnicos aún no cumplidos. El siguiente paso decisivo será la resolución del juzgado, después de revisar el acta, las constancias y los escritos de las partes. Hasta entonces deben mantenerse separadas dos cuestiones: ya está comprobado que el cerco bloquea el acceso; todavía falta determinar si ese cierre es legal y si corresponde retirarlo o mantenerlo mientras avanza el proyecto.