Faltan S/ 739 381.43 en el presupuesto destinado a financiar la fiscalización del Consejo Regional de Huánuco para el año 2026. La Contraloría General advirtió que el Gobierno Regional de Huánuco incorporó S/ 448 289 para esta función, cuando el monto mínimo exigido por ley ascendía a S/ 1 187 670.43, según el Informe de Orientación de Oficio n.° 8550-2026-CG/PREV-SOO.
El documento, emitido el 25 de mayo de 2026 por la Subgerencia de Prevención de la Contraloría, evaluó el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 21 de mayo de este año. La revisión se realizó sobre información del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, consultada el 21 de mayo y actualizada al 20 de mayo.
La situación adversa no se trata de un gasto menor cualquiera. Según la Contraloría, la falta de incorporación del monto mínimo exigido por la Ley n.° 31812 pone en riesgo la función fiscalizadora del Consejo Regional, órgano encargado de controlar políticamente la gestión pública del Gobierno Regional.
El déficit frente al piso legal
El cálculo parte de un monto base 2025 de S/ 118 767 043 en la genérica de gasto de bienes y servicios, correspondiente a recursos ordinarios del pliego. Sobre esa base, la ley establece que los gobiernos regionales deben destinar no menos del 1 % ni más del 2 % para financiar la fiscalización de sus consejos regionales.
En el caso de Huánuco, el 1 % equivalía a S/ 1 187 670.43. Sin embargo, el informe señala que solo se incorporaron S/ 448 289, es decir, apenas el 37.7 % del mínimo legal. La diferencia supera los S/ 739 mil y, según el órgano de control, reduce la capacidad presupuestal destinada a una función clave de vigilancia institucional.
El caso de Huánuco forma parte de una alerta nacional. La Contraloría informó que diez gobiernos regionales no incorporaron en su Presupuesto Institucional de Apertura 2026 los recursos mínimos para la fiscalización de sus consejos: Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.
A nivel nacional, esos diez gobiernos regionales debieron asignar como mínimo S/ 12 406 295.12 para la labor fiscalizadora, pero solo incorporaron S/ 6 646 197, equivalente al 53.6 % en promedio de lo exigido por la Ley n.° 31812, según la nota de prensa de la Contraloría.
Cinco días para informar acciones
El informe fue comunicado al gobernador regional Antonio Leonidas Pulgar Lucas mediante el Oficio n.° 007394-2026-CG/PREV, fechado el 26 de mayo de 2026. En ese documento, la Contraloría solicitó que se informe al Órgano de Control Institucional, en un plazo máximo de cinco días hábiles, qué acciones preventivas o correctivas se adoptaron o se adoptarán frente a la situación advertida.
La orientación de oficio fue firmada por Luz María Ortega Robles, integrante de la Comisión de Control, y por Solange del Rocío Pérez Montero, subgerenta de Prevención encargada de la Contraloría General de la República. El documento precisa que se trata de un servicio de control simultáneo, por lo que no establece responsabilidad administrativa, civil o penal, sino una alerta para corregir oportunamente el riesgo detectado.
El punto pendiente ahora es si el Gobierno Regional de Huánuco ajustará el presupuesto destinado al Consejo Regional y si los consejeros exigirán explicaciones por la brecha advertida. La observación de la Contraloría coloca el debate en un terreno sensible: cuánto margen real tiene el órgano fiscalizador para vigilar a la gestión que debe controlar.
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