Huánuco: 14 años de cárcel para sujeto que realizó tocamientos a su hija de 13 años

Fiscalía de Leoncio Prado obtuvo condena efectiva contra Marcelino Chuquino por tocamientos indebidos; también se fijó reparación civil de S/ 8,000 e inhabilitación definitiva para trabajar en educación. El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco informó que logró una sentencia de 14 años de pena privativa de libertad efectiva contra Marcelino Chuquino, hallado responsable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos en menores. El caso fue llevado por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, bajo la dirección del fiscal provincial Alex Misari Capcha, y tuvo como agraviada a la menor de iniciales Y.CH.F., de 13 años, hija del sentenciado. La condena se dictó tras valorar los elementos presentados durante el proceso, en un caso considerado de alta gravedad por el vínculo familiar y la condición de vulnerabilidad de la víctima. Los hechos, según la acusación fiscal, ocurrieron en el centro poblado San Antonio de Padua, distrito de Cholón, provincia de Marañón, en diversas fechas de octubre de 2020. La Fiscalía señaló que el implicado aprovechó su condición de progenitor para cometer los tocamientos en las partes íntimas de la menor mientras ella se encontraba en la vivienda durante una visita familiar. La versión fiscal describió un escenario doméstico y repetido, donde la cercanía y la confianza propia del entorno familiar fueron utilizadas para consumar el delito sin que la víctima pudiera defenderse con facilidad. Para sustentar la imputación, el despacho presentó medios probatorios como la Ficha de Valoración de Riesgo, que calificó la situación de la menor como de riesgo severo, además de declaraciones testimoniales y el acta de nacimiento que acreditó la minoría de edad. El fallo también fijó una reparación civil de S/ 8,000.00 a favor de la víctima. Como medidas complementarias, se dispuso la inhabilitación definitiva del sentenciado para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones educativas y la obligación de someterse a tratamiento terapéutico especializado. El Ministerio Público reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes en la región.