El alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo, anunció que ordenará retirar el nombre del gobernador Antonio Pulgar si confirma que fue colocado en uno de los polideportivos inaugurados en el distrito. La declaración es condicional. El material revisado no identifica con precisión la infraestructura, no incorpora una fotografía de la denominación y tampoco contiene un acuerdo vecinal, resolución u ordenanza que haya aprobado oficialmente el nombre. Primero debe comprobarse la denominación Hidalgo sostuvo que las calles y obras públicas no deben recibir el nombre de una autoridad en funciones y afirmó que existe una norma sobre esa materia. Sin embargo, no identificó la ley u ordenanza a la que hizo referencia. Antes de retirar una denominación, la municipalidad deberá determinar si el nombre fue aprobado formalmente, si apareció únicamente durante una ceremonia o si permanece inscrito en una placa financiada con recursos públicos. También deberá precisar qué entidad colocó el elemento y cuándo lo hizo. El JEE deberá evaluar el componente electoral El abogado Rodolfo Espinoza Zeballos planteó que el uso del nombre de una autoridad podría constituir publicidad electoral indirecta. No afirmó que la infracción esté probada y pidió revisar el caso y sus precedentes. El Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, aprobado por la Resolución N.° 0844-2025-JNE, establece que ningún funcionario puede aparecer en publicidad estatal mediante su imagen, nombre, voz, cargo u otro elemento que permita identificarlo. La existencia de esa prohibición no resuelve automáticamente este caso. Primero debe determinarse si la placa o denominación constituye publicidad estatal. La evaluación en primera instancia corresponde al Jurado Electoral Especial competente, no a la ONPE. Cobros y restricciones siguen sin prueba Espinoza también pidió revisar los polideportivos de Los Portales y del sector cercano a la iglesia de los mormones. Señaló que permanecen con poco público y preguntó si existen cobros o restricciones de acceso. El cuestionamiento no estuvo acompañado por recibos, tarifarios, contratos de administración o testimonios identificados. Por ello, no debe publicarse que los campos fueron privatizados o que se cobra por utilizarlos. Hidalgo aseguró que no entregará las instalaciones a amigos o grupos particulares. La municipalidad debe respaldar esa afirmación publicando los convenios de administración, horarios, responsables y tarifas, si existieran.
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