Fiscalía investiga a funcionarios municipales por presunto abuso de autoridad

La Fiscalía Provincial de Leoncio Prado inició diligencias preliminares contra cuatro trabajadores de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado por el presunto delito de abuso de autoridad, luego de la clausura de un establecimiento comercial que, según la denuncia, se habría ejecutado sin cumplir los procedimientos administrativos correspondientes. La investigación está a cargo del fiscal provincial Edwin García Palomino y comprende a Yoel Mariño Evangelista, Jesús Alejandro Pazos Cárdenas, Marilyn Mariño y José Luis Huaynate Natividad, este último gerente de Desarrollo Económico de la comuna provincial. La denuncia fue presentada por Renato André Cruz Frías, administrador de Happy Word Restaurante y Salón de Eventos. De acuerdo con su versión, el 8 de julio de 2026, aproximadamente a las 00:30 horas, personal municipal acudió al establecimiento y dispuso verbalmente su clausura indefinida. El denunciante sostiene que durante la intervención únicamente se le entregó un acta de calificación que sería ilegible, sin que previamente se emitiera una resolución administrativa debidamente motivada que sustentara el cierre del negocio. Asimismo, señaló que el 12 de julio, cerca de las 7:00 de la mañana, personal de fiscalización regresó al local y levantó las actas 822 y 823, atribuyéndole un presunto desacato a la medida de clausura. Sin embargo, Cruz Frías afirma que la sanción carecía de respaldo legal debido a la ausencia de una resolución formal. Según la denuncia, los trabajadores municipales bloquearon el ingreso al establecimiento, generando pérdidas económicas y afectando directamente a más de 40 trabajadores, entre ellos padres y madres de familia que dependen de sus ingresos diarios. La Fiscalía dispuso un plazo de 60 días para el desarrollo de las investigaciones. Durante ese periodo se recibirán las declaraciones de los involucrados y se revisarán videos, fotografías, actas y otros documentos relacionados con la intervención municipal. Parte de las diligencias estará a cargo de la Policía Nacional, que deberá reunir los elementos necesarios para determinar si existió responsabilidad penal.