La Fiscalía Anticorrupción recabó el viernes 17 de julio documentación en el Gobierno Regional de Huánuco para esclarecer las presuntas irregularidades en la construcción de la Institución Educativa Inicial N.° 223 de Colpa Baja. La diligencia deriva de la denuncia presentada el 20 de marzo por Krupskaia Jesmidlu Beraún Aguirre, coordinadora regional de la Procuraduría Pública Anticorrupción, quien advirtió que la infraestructura presenta peligro de colapso y que el Estado habría destinado S/631.906,92 adicionales mientras estaba vigente una garantía de siete años por vicios ocultos. La denuncia fue formulada contra quienes resulten responsables por la presunta comisión de colusión. Comprende a funcionarios que participaron en la ejecución, supervisión, recepción, liquidación y administración de la obra; integrantes del comité de recepción; supervisores y representantes del Consorcio Tahuantinsuyo. Corresponde al Ministerio Público determinar si existió concertación ilícita y quiénes tendrían responsabilidad. Contrato por S/919 mil y recepción con un muro pendiente El expediente técnico fue aprobado el 5 de abril de 2015 por S/1.152.006,95 y un plazo de 120 días. El 22 de septiembre, el Gobierno Regional suscribió el Contrato N.° 238-2015-GRH/GR por S/919.720,25 con el Consorcio Tahuantinsuyo, integrado por Constructora, Consultora e Inmobiliaria O&F S.R.L. y Xena Constructora y Consultoría S.C.R.L. Su representante legal era Antonio Leonidas Pulgar Lucas, actual gobernador regional de Huánuco. El acta del 26 de noviembre de 2017 señala que todavía estaba pendiente el adicional N.° 02: sustituir el muro de gaviones por otro de concreto armado en los tramos E, E, F y G del cerco perimétrico. Pese a ello, el comité integrado por Joel Primo Isidro, Yezenia Mendoza Mazgo, Nelson Córdova Salazar y Gladys Dueña Alvarado efectuó la recepción total, con reserva por vicios ocultos. En marzo de 2018, la obra fue liquidada con un saldo de S/14.756,60 a favor del contratista. Una adenda del 28 de diciembre de 2021 cambió al representante del consorcio por Rodrigo Aldo Echevarría Mendoza y ratificó la responsabilidad por vicios ocultos durante siete años. Alertas aparecieron antes de que venciera la garantía El 10 de marzo de 2022, la directora Nery Taquio Troncos solicitó a la Municipalidad Provincial de Huánuco declarar inhabitable el colegio. Seis días después, el Informe N.° 128-2022 de Gestión de Riesgos identificó peligro de colapso por erosión y deterioro y recomendó medidas de mitigación, prevención y control. El 7 de marzo de 2023, la directora comunicó al ya gobernador Antonio Pulgar el peligro de colapso del cerco perimétrico y la parte delantera. Para la Procuraduría, esta situación generaba un potencial conflicto de interés porque la autoridad regional había representado al consorcio ejecutor y su gestión debía exigir el cumplimiento de la garantía. Esta es una tesis de la denuncia y no una conclusión judicial. Gorehco asumió otro gasto y la DRE rechazó recibir el colegio La Resolución Gerencial Regional N.° 0224-2024-GRH/GRI, del 11 de abril de 2024, aprobó la liquidación técnico-financiera de trabajos ejecutados por administración directa por S/631.906,92. La Procuraduría sostiene que ese desembolso podría corresponder a correcciones que debió asumir el contratista; una pericia deberá establecer el origen de las fallas y el perjuicio real. El 1 de agosto de 2024, el consorcio renunció al saldo de S/14.756,60. Un mes después, la Gerencia Regional de Infraestructura intentó transferir la obra a la Dirección Regional de Educación mediante un acta firmada por Daniel Mallqui Estacio, José Jesús Medina Vargas y Luisiño Rosas Herrera. La DRE rechazó recibirla mediante el Oficio N.° 7031-2024: el Informe N.° 48-2024 registró hundimientos, grietas y “deficiencias técnicas estructurales insalvables”, además de peligro de colapso, cuando la garantía aún estaba vigente. “No han debido de recibir, no han debido de pagar, no han debido de permitir que se venza la garantía”, declaró Beraún. Afirmó que la empresa no asumió las reparaciones y anunció una constatación fiscal en el colegio. La denuncia solicita una pericia de ingeniería, declaraciones de funcionarios, supervisores y contratistas, el expediente completo y un informe de la Contraloría. La investigación deberá determinar por qué se recibió la obra con un muro pendiente, quién debía corregir las fallas y por qué el Estado destinó nuevos recursos antes de exigir la garantía.
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