El exdecano del Colegio de Abogados Hernán Cajusol Chepe planteó que el Perú impulse ante las Naciones Unidas una revisión de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, para que los adolescentes que cometen delitos graves reciban sanciones más severas. Según dijo, ese tratado es el principal impedimento legal para tratarlos como adultos.
Cajusol sostuvo que la ley aprobada por el Congreso para reducir la edad penal no se está aplicando: el Poder Judicial no la aplica y la norma enfrenta una acción de inconstitucionalidad, afirmó. Propuso que la Cancillería coordine con otros países de la región, porque, a su juicio, la criminalidad juvenil es un problema compartido en Latinoamérica.
Mientras tanto, dijo, la medida más drástica disponible es el internamiento, que según su lectura del Código de los Niños y Adolescentes llega hasta ocho años. Consideró que esas sanciones siguen siendo benévolas y que las organizaciones criminales lo saben: por eso, afirmó, utilizan a menores para el sicariato y otros delitos.
Prevención y autoridad en la escuela
El abogado insistió en que la respuesta no puede ser solo penal. Planteó una política criminal centrada en la prevención, con atención a la escuela y a la familia. Citó el caso del Liceo Naval para sostener que parte del problema está en padres que, cuando el colegio intenta corregir a sus hijos, reaccionan contra el docente, que termina investigado.
Por eso respaldó el anuncio del ministro de Educación de volver a sanciones escolares como la expulsión. Propuso además que los colegios puedan intervenir cuando sus alumnos, aún con uniforme, protagonicen peleas callejeras o frecuenten tragamonedas y discotecas. Atribuyó la pérdida de autoridad del docente a corrientes que, a su juicio, desalentaron corregir o sancionar a los estudiantes.
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