La denuncia sobre un presunto manejo irregular del conteo electoral en Huánuco escaló este miércoles luego de que Rodolfo Espinoza afirmara que su equipo detectó anomalías en el procesamiento de actas y restricciones para acceder a su visualización. Según declaró en entrevista con Diario Ahora, las observaciones alcanzan tanto al orden en que se habrían procesado los documentos como a la imposibilidad de que personeros y prensa verifiquen con claridad parte del procedimiento. Espinoza sostuvo que una de las principales alertas se concentra en el tratamiento de las actas urbanas. Según indicó, en procesos anteriores el cómputo solía iniciar por las mesas más cercanas a los centros de procesamiento, como ocurre en la ciudad de Huánuco o en Llata, debido a que el ingreso responde al orden de llegada. Sin embargo, señaló que en esta oportunidad varias actas de zonas alejadas habrían sido procesadas antes que las correspondientes a áreas urbanas, pese a las distancias y a las dificultades logísticas que ello implicaría. El excandidato también cuestionó la velocidad con la que, según dijo, algunas actas de distritos ubicados a dos o tres horas de distancia aparecieron procesadas en la madrugada. De acuerdo con su versión, ese detalle resulta llamativo porque el escrutinio en los locales de votación suele extenderse hasta las 2, 3 o 4 de la mañana. En esa línea, afirmó que en Huánuco existirían al menos 193 actas involucradas en observaciones y que el avance del conteo se mantenía en 39%, cifra que, a su juicio, profundiza las sospechas sobre la secuencia del proceso. El punto crítico es el acceso a las actas Otro de los ejes de la denuncia apunta a la publicidad del escrutinio. Espinoza manifestó que su personero legal no habría podido participar plenamente en la revisión del procesamiento, ni acceder de manera adecuada a la visualización de las actas. Según afirmó, esa restricción también habría alcanzado a ciudadanos y periodistas, pese a que, de acuerdo con su interpretación, el conteo y la verificación posterior al sufragio deben mantener carácter público por tratarse de una fase ligada a la transparencia electoral. En la misma entrevista, el exaspirante sostuvo que su equipo remitió comunicaciones por escrito a la Fiscalía de Prevención del Delito para que intervenga ante una eventual omisión de funciones y permita el acceso al procedimiento. Añadió que también se presentó un documento ante la Defensoría del Pueblo y que, según su versión, esa institución habría constatado dificultades para observar las actas. Hasta el cierre de sus declaraciones, no presentó en la entrevista respuesta formal de las entidades mencionadas ni pronunciamiento de la autoridad electoral sobre los hechos denunciados. Espinoza fue más allá y vinculó estas observaciones con un supuesto direccionamiento político contra su candidatura. Según manifestó, la diferencia entre candidatos habría pasado de 30 mil a 10 mil votos y podría seguir reduciéndose con el ingreso de actas de Lima, Callao y el extranjero. También comparó lo ocurrido en Huánuco con demoras registradas, según su lectura, en otros puntos del país. Sin embargo, esas afirmaciones fueron expuestas por él como parte de su interpretación política del proceso y no como hechos confirmados por una autoridad competente. La controversia abre un frente sensible en plena etapa de definición electoral: no solo importa quién resulte favorecido por el conteo final, sino también cuánta confianza conserve el procedimiento ante los ciudadanos. En un escenario marcado por denuncias, pedidos de verificación y exigencias de mayor publicidad de las actas, el curso que tomen la Fiscalía, la Defensoría y los organismos electorales será clave para determinar si el caso queda como una protesta de campaña o se convierte en un conflicto institucional de mayor alcance.
