La Región Policial Huánuco confirmó que el viernes 14 de agosto realizó la entrega de los 23 patrulleros adquiridos por el Gobierno Regional a las diferentes unidades policiales de su jurisdicción. La distribución se concretó en la sede de la institución, donde el jefe de la Región Policial, general PNP José Luis Gonzales Quintero, entregó las unidades a diversas comisarías y dependencias «con la finalidad de fortalecer los servicios policiales en las distintas jurisdicciones de la región».
Las nuevas unidades vehiculares, compradas mediante la modalidad de obras por impuestos, permitirán fortalecer el patrullaje preventivo y la capacidad operativa de la Policía, facilitando una respuesta más rápida y oportuna ante emergencias, hechos delictivos y demás requerimientos de la ciudadanía, según informó la Región Policial.
Entrega tras un año de la llegada
Los patrulleros llegaron a Huánuco hace un año y fueron presentados en la plaza de Armas tras una bulliciosa caravana por diferentes calles de la ciudad y la carretera Central. La compra se realizó a través de la modalidad de obras por impuestos (OxI), mecanismo que el Gobierno Regional ha defendido como una vía para acelerar inversiones en salud, educación, seguridad e infraestructura.
El gobernador Antonio Pulgar sostuvo que esta modalidad no genera intereses, deuda tradicional ni perjuicio económico. Sin embargo, el marco normativo de la Ley N.° 29230 establece que los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) comprometen recursos futuros de la entidad pública. Según explicó, el repago se realiza con cargo a transferencias futuras que recibirá la región.
Impacto fiscal de las obras por impuestos
La diferencia central está en el momento en que se refleja el costo. Según los criterios presupuestales aplicables a los CIPRL, OxI permite ejecutar obras sin exigir un desembolso inmediato del presupuesto anual de la entidad; pero, una vez emitidos y utilizados los certificados, el repago se realiza con cargo a recursos futuros. En términos fiscales, no es una operación clásica de crédito público, aunque sus efectos pueden comportarse como un servicio de deuda.
Pulgar sostuvo que en 2026 no se descontó «ni un solo centavo» por la compra de patrulleros, debido a que la entrega ocurrió cerca del cierre del año fiscal. Esa explicación coincide parcialmente con la dinámica del mecanismo: los descuentos no siempre se reflejan en el ejercicio inmediato. Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos del MEF y ProInversión, la obligación se activa cuando los certificados son reconocidos, registrados y aplicados contra las transferencias que recibirá la entidad en ejercicios posteriores.
El gobernador señaló que su gestión ha priorizado proyectos vinculados a necesidades urgentes. Mencionó la compra de 23 patrulleros, maquinaria pesada por alrededor de S/ 175 millones, cableado estructurado por S/ 14 millones y establecimientos de salud por S/ 26 millones. La nota de prensa del Gorehco añadió la adquisición de 103 ambulancias, la entrega de más de 70 mil mobiliarios para instituciones públicas y maquinaria pesada destinada a mejorar la capacidad operativa de municipalidades provinciales.
Crecimiento de la capacidad CIPRL
Durante una conferencia de prensa, Pulgar afirmó que Huánuco pasó de contar con S/ 273.528 de capacidad CIPRL en 2023 a S/ 842.165.626 en 2024 y S/ 1.440.018.000 en 2025. Según explicó, estos montos no son acumulativos, sino topes anuales definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que calcula la capacidad de cada entidad para asumir proyectos bajo OxI. El gobernador indicó que el nuevo límite correspondiente a 2026 debería conocerse en junio.
La autoridad regional rechazó que el mecanismo deje «endeudada» a la región y comparó su funcionamiento con una compra en cuotas sin intereses. En una nota de prensa, el Gorehco agregó que «no habrá afectación económica» y que las obras por impuestos «no representan endeudamiento ni gasto adicional». No obstante, según el marco normativo de OxI, el Tesoro Público emite los CIPRL para reconocer la inversión privada y luego recupera esos montos mediante descuentos a las transferencias futuras que corresponden a la entidad pública.
El punto crítico: intensidad y priorización
La discusión no está en la legalidad del mecanismo, sino en su intensidad y priorización. De acuerdo con la normativa de OxI, cada entidad tiene topes anuales para evitar un sobrecompromiso fiscal; aun así, el uso acumulado de varios convenios puede reducir el margen presupuestal de futuras autoridades. En la práctica, una parte de las transferencias que debería recibir la región puede quedar destinada al pago de certificados ya emitidos.
Pulgar aseguró que los proyectos son aprobados por el Consejo Regional y revisados por entidades como ProInversión y la Contraloría General de la República. Sin embargo, el propio marco de transparencia del mecanismo exige publicar convenios de inversión, adendas, avances mensuales, conformidades de recepción y registros actualizados en Infobras. Esa información permitirá conocer cuánto se comprometió, en qué plazos y bajo qué condiciones.
Contexto: crisis del equipamiento policial
La entrega de patrulleros se da en un contexto de crisis del equipamiento policial a nivel nacional. La Contraloría General detectó, durante el operativo «Comisarías Básicas PNP 2025», que 1.730 vehículos policiales permanecen inoperativos, de los 4.121 verificados. Además, 1.823 computadoras estaban malogradas y los chalecos antibalas resultaban insuficientes.
El informe, basado en una muestra de 485 comisarías, identificó 2.582 situaciones adversas en delegaciones policiales. Más de la mitad de los locales superan los 30 años de antigüedad y 72 fueron construidos en su mayoría con adobe. También se reportó que 39 comisarías no contaban con el número mínimo de efectivos.
En materia de equipos informáticos, de 6.835 computadoras inspeccionadas, 1.823 estaban inoperativas; las impresoras y escáneres presentan altos niveles de inutilización, con 2.132 impresoras malogradas de 4.049 y 141 escáneres inoperativos de 532. Además, 208 delegaciones no habían formulado ni aprobado el «Plan de patrullaje por sector para el año 2025», documento clave para la distribución de recursos y la seguridad operativa.
La falta de recursos y el deterioro de los existentes limitan el patrullaje y la respuesta frente a hechos delictivos, según la Contraloría. En este escenario, la incorporación de las 23 unidades en Huánuco busca reforzar la presencia policial y prevenir la delincuencia en la región.
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