La empresa señalada por la regidora Sherly Morales Villanueva en una obra vial cuestionada también figura como integrante mayoritaria del consorcio contratado para elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra de la Alameda de la República. Según documentos revisados, Constructora Minera de Servicios Múltiples Santa Ana S.A.C. tiene una participación del 60% en el Consorcio Pachachupán y del 73% en el Consorcio Alameda Huánuco.
El primer contrato corresponde al servicio de mantenimiento periódico del camino vecinal tramo 2: Emp. PE-18A–Pachachupán–DV. Nueva Independencia–DV. Huancalla–San Pablo de Pillao–Tranca, ubicado en los distritos de Chinchao y San Pablo de Pillao. En ese documento, Santa Ana S.A.C. figura como integrante del Consorcio Pachachupán, junto a Grupo Constructor MIBE E.I.R.L.
El segundo contrato corresponde al proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Av. La Alameda de la República y Jr. Prolongación La Alameda de la República”, bajo el sistema de entrega diseño y construcción. En este caso, Santa Ana S.A.C. integra el Consorcio Alameda Huánuco junto a CCS Contratistas E.I.R.L. y Abraham Adonias Santos Cienfuegos.
Morales pide explicar las garantías
La regidora Sherly Morales afirmó que la obra vinculada al tramo Pachachupán, Nueva Independencia, Huancalla, San Pablo de Pillao y Tranca estaría suspendida desde hace casi dos años. Ante esta situación, cuestionó qué garantías ofrece una empresa que, según su apreciación, participa ahora en el proyecto de la Alameda.
Morales sostuvo que esta información debe ser explicada por el gobernador regional Antonio Pulgar y su equipo técnico ante el Consejo Provincial, la prensa, colegios profesionales y la población. Indicó que no se trata solo de conocer el diseño urbano, sino también de revisar quién ejecutará la obra, qué antecedentes existen y qué controles se aplicarán.
La regidora también pidió aclarar otros puntos del expediente: la posible tala de árboles, la reubicación de feriantes, el cambio de tuberías, la factibilidad de Seda Huánuco y las partidas consideradas para la intervención. A su juicio, una obra pública no debe imponerse sin socialización previa ni respuestas técnicas suficientes.
Un dato documental eleva la presión
Los documentos no prueban por sí solos incumplimientos, paralización ni responsabilidad de la empresa en la obra vial mencionada por Morales. Sin embargo, acreditan un dato relevante para la fiscalización: Santa Ana S.A.C. aparece en ambos consorcios y tiene la mayor participación en el proyecto de la Alameda.
Este vínculo contractual fortalece el pedido de explicaciones públicas antes de que la obra avance. El siguiente punto de tensión será si el Gobierno Regional acepta sustentar no solo el diseño de la Alameda, sino también los criterios usados para contratar al consorcio encargado de ejecutar una intervención que ya enfrenta resistencia política, ambiental y ciudadana.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.