Río arriba de la ciudad, en las comunidades campesinas de San Antonio de Ósgoro y Andas Chico, Seda Huánuco tenía una tarea que casi nadie ve y de la que depende lo que sale del caño. Tenía que invertir en conservar las zonas que alimentan de agua a la ciudad. Es un dinero que los usuarios pagan en su recibo y que la ley obliga a reservar para ese fin. Entre mayo de 2024 y abril de 2025, la empresa cumplió el 4% de lo que se había comprometido a hacer allí.
Ese dato está en el centro de la Resolución N.° 210-2026-SUNASS-DS, firmada el 30 de julio por la Dirección de Sanciones de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). El documento declara a EPS Seda Huánuco S.A. responsable de incumplir sus metas de gestión del segundo año regulatorio y le impone una multa de 31,10 unidades impositivas tributarias. Con la UIT vigente en 2026, fijada en S/5.500 por el Decreto Supremo 301-2025-EF, la sanción equivale a unos S/171.050. La resolución añade una amonestación escrita por haber entregado información incompleta al regulador. La empresa no la impugnó: el registro oficial de sanciones de Sunass la consigna como «consentida», es decir, firme.
La multa podía reducirse a la mitad, a unos S/85.500, si se pagaba dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del 31 de julio y sin recurrir. Hasta el cierre de esta edición no se ha podido confirmar si la empresa la pagó ni en qué monto.
Tres promesas incumplidas
La Sunass mide a cada empresa de agua con un índice de cumplimiento global. El mínimo aceptable es 85%. Seda Huánuco, que atiende 53.246 conexiones activas, obtuvo 67,6%. El resultado general se explica por tres metas que quedaron muy por debajo del umbral individual del 80%.
La primera es la inversión. La empresa alcanzó un índice de 49% en el avance financiero de su programa de obras. Entre los proyectos observados figura la segunda captación y el reservorio de 500 metros cúbicos en el río Angashyacu. La meta arrancó en el primer año regulatorio, pero los trámites para comprar los terrenos, según la resolución, recién empezaron el 19 de septiembre de 2025, casi cinco meses después de cerrado el periodo evaluado. La empresa alegó que los predios pertenecían a terceros. El regulador respondió que eso era previsible y que debió gestionarlo con anticipación.
En otros casos las obras sí se hicieron, pero la empresa no pudo demostrar con qué dinero. Ocurrió con la rehabilitación de la sala de mandos y la galería de filtros de las plantas de tratamiento 1 y 2, y con una línea de rebose del alcantarillado en Amarilis. La resolución lo dice sin rodeos: no se cuestiona la ejecución de la obra, sino que no se sustentó su fuente de financiamiento, y por eso no pudo contarse dentro del programa. En un muro de contención, Seda Huánuco pagó adicionales de obra aprobados en 2023, uno de ellos por S/78.491, pero nunca comunicó a Sunass el cambio en su plan de inversiones.
La segunda meta es la de los servicios ecosistémicos, la reserva destinada a proteger las cabeceras de cuenca. Ahí el índice fue de 4%. La empresa sostuvo que la negativa de las comunidades de Ósgoro y Andas Chico le impidió intervenir. Presentó dos actas de reuniones con San Antonio de Ósgoro, de agosto y septiembre de 2024. Para el regulador, esas reuniones llegaron a mitad del año evaluado y ya no dejaban margen para corregir el rumbo. La reprogramación hacia otras comunidades se comunicó oficialmente el 8 de julio de 2025, dos meses después de que el periodo había terminado.
La tercera es la reserva para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, con un cumplimiento de 26,19%. Uno de sus componentes era un estudio para identificar nuevas fuentes de agua. La orden de compra se emitió el 8 de febrero de 2025, a menos de tres meses del cierre del periodo. Es un plazo que el propio regulador califica de «reducido» para completar los trámites ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La defensa de la empresa
Seda Huánuco presentó descargos en dos momentos del procedimiento, en enero y en junio de 2026. Su argumento central fue que no actuó por negligencia, sino atrapada entre normas. Si no pagaba las valorizaciones a sus contratistas, explicó, violaba la Ley de Contrataciones del Estado. Al pagarlas, superaba lo aprobado en su estudio tarifario. Invocó también el caso fortuito y el «hecho determinante de terceros»: la oposición de las comunidades y la titularidad ajena de los terrenos.
La Sunass rechazó esos argumentos uno por uno. Para eximir de responsabilidad, un hecho tiene que ser extraordinario, imprevisible e irresistible, y ninguno de los alegados cumplía esas condiciones. Las dos normas, sostuvo el regulador, «pudieron tramitarse de forma paralela». La resolución reconoce, eso sí, que no encontró intencionalidad en la empresa y que esta presentó sus descargos a tiempo.
El expediente muestra además que el castigo pudo ser mayor. La oficina de Sunass en Huánuco, que instruyó el caso, había recomendado una multa de 41,18 UIT. La Dirección de Sanciones la fijó finalmente en 31,10. Seda Huánuco pidió además una sanción no económica. Invocó una norma que obliga al regulador a preferir las amonestaciones para las empresas bajo el Régimen de Apoyo Transitorio del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), en el que la prestadora está desde 2020. La Sunass respondió que esa preferencia no es automática. Solo la aplicó a la falta de información sobre el agua no facturada en Tingo María, que la empresa terminó de entregar en junio de 2026, seis meses después de iniciado el procedimiento.
Para dimensionar la cifra: la facturación mensual promedio de la empresa entre mayo y octubre de 2025 fue de S/3,39 millones. La multa completa equivale a poco más de día y medio de lo que Seda Huánuco cobra a sus usuarios.
LEYENDA
Foto montaje: Diario Ahora
Seis relevos en poco más de dos años
Desde diciembre de 2020, Seda Huánuco no la dirige la municipalidad sino el Estado central. Ese mes ingresó al Régimen de Apoyo Transitorio del OTASS por una causal vinculada a la sostenibilidad en la gestión empresarial. Desde entonces, es el Consejo Directivo del OTASS el que nombra y remueve a sus gerentes. Y lo ha hecho con frecuencia.
A fines de 2022, el OTASS puso fin a la encargatura de Manuel Robles Rojas y designó en su reemplazo a Jorge Luis Román Velaochaga, quien asumió la gerencia general el 21 de noviembre. En el mismo paquete de nombramientos llegaron Elizabeth Díaz Aguilar como gerente de Asesoría Jurídica y Loida Plaza Ramírez como gerente de Administración y Finanzas.
Román duró meses. Díaz Aguilar pasó luego a encargarse de la gerencia general, hasta que por una resolución del 22 de agosto de 2023 el Consejo Directivo del OTASS dio por concluida su encargatura. La sucedió el contador Víctor Gonzalo Mendoza Sánchez, que permaneció en el cargo casi un año. Durante su gestión, la ANA emitió las dos multas por verter aguas residuales al Huallaga, en marzo y julio de 2024. También bajo su mando, y el de sus predecesores, ocurrió el uso del coagulante sin registro sanitario en Cabritopampa, entre marzo de 2023 y junio de 2024, que detectó el Órgano de Control Institucional.
El 1 de agosto de 2024, el OTASS designó a Borist Henry Nieves León en reemplazo de Mendoza Sánchez. Antes de su designación se desempeñaba como gerente comercial de Seda Huánuco. El día de su presentación, anunció un plan de mantenimiento preventivo en zonas críticas mientras gestionaba una renovación integral a largo plazo. Fue en su gestión cuando la empresa se reunió con la comunidad de San Antonio de Ósgoro, en agosto y septiembre de 2024. Son las mismas reuniones que la Sunass consideró tardías.
Nieves tampoco llegó a completar un año. A comienzos de marzo de 2025, el gerente general era Fernando Sáenz Horna, que encabezó el lanzamiento del programa de distribución gratuita de agua en Aparicio Pomares. Sáenz había llegado a la empresa en 2024 como gerente de operaciones. Días después, el OTASS nombró a Mirko Félix Jurado Dueñas, quien venía de ocupar el mismo cargo en la empresa de agua de Coronel Portillo, en Ucayali. Jurado sigue al frente de la empresa. El portal de transparencia del Estado lo registra como gerente general.
La cuenta la hizo entonces la prensa local: entre 2023 y marzo de 2025 pasaron por la gerencia general Manuel Robles, Jorge Román, Elizabeth Aguilar, Víctor Mendoza, Borist Nieves, Fernando Sáenz y Jurado Dueñas. Son seis relevos en poco más de dos años, en una empresa cuyas metas se planifican por quinquenios.
La rotación dejó su huella en el expediente sancionador. El año evaluado empezó con Mendoza, siguió con Nieves, pasó por Sáenz y terminó con Jurado. Pero buena parte de lo que la Sunass reprocha ocurrió, o dejó de ocurrir, ya bajo la actual gerencia. La reprogramación de la reserva ecosistémica se comunicó al regulador en julio de 2025. La compra de los terrenos de Angashyacu empezó a tramitarse en septiembre de ese año. La información sobre el agua no facturada en Tingo María, pedida en junio de 2025, se completó recién en junio de 2026. Y fue la gestión de Jurado la que presentó los descargos y la que decidió no apelar la multa.
La sanción recae sobre la empresa, no sobre sus gerentes. Ninguna de las resoluciones revisadas atribuye responsabilidad personal a quienes ocuparon el cargo. El malestar interno sí apunta a la plana actual. En su protesta de septiembre, el sindicato pidió la remoción del gerente general Mirko Jurado Dueñas, la gerente operacional Analyn García Torres, el gerente comercial Carlos Sánchez Esquives y el administrador Miguel Castello Gonzales, entre otros funcionarios. Además, exige que el OTASS designe a profesionales de la región para dirigir la empresa.
No es la primera vez
En el registro nacional de Sunass, que reúne 239 resoluciones emitidas entre enero y agosto de 2026, la de Seda Huánuco está entre las diez multas más altas del año. La superan casos como los de Sedapal, Sedaloreto, Emapa San Martín y Sedacusco.
El historial de la empresa suma otras sanciones documentadas. En marzo de 2025, la Gerencia General de Sunass confirmó una multa de 1,01 UIT por no dar mantenimiento a los grifos contra incendios ni purgar las redes de agua potable. En 2023, el regulador informó de otra sanción de 10 UIT por no entregar información durante una fiscalización comercial.
Las sanciones más graves por su impacto las impuso la ANA. En 2024, esa autoridad multó dos veces a Seda Huánuco, con 4 UIT cada vez, por verter aguas residuales domésticas sin autorización al río Huallaga. Una multa corresponde a la margen derecha y otra a la izquierda, dos puntos de descarga distintos. La segunda fue apelada, pero el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas declaró infundado el recurso en julio de 2025 y la dejó firme.
A ello se suma un hallazgo del Órgano de Control Institucional. Entre marzo de 2023 y junio de 2024, la empresa usó en la planta de Cabritopampa 4.875 kilos de un coagulante químico sin registro sanitario. No es una multa, sino una alerta de control, pero apunta al mismo lugar que la resolución de Sunass: la distancia entre lo que la empresa debe hacer y lo que finalmente hace.
Multas y más multas
Una relación de multas y deudas de la empresa, a la que tuvo acceso este diario, consigna además tres multas de la Subintendencia de Sunafil por S/36.248, S/23.144 y S/12.098, vinculadas a expedientes de 2023 y 2025 de la intendencia regional de Huánuco y del Tribunal de Fiscalización Laboral. Registra también una cobranza coactiva de la Sunat por S/7.923 y un «reconocimiento de deuda sin causa» por S/230.560,92 por el servicio de vigilancia. El mismo documento enumera al menos nueve resoluciones de la Dirección de Sanciones de Sunass entre 2022 y 2025.
Un malestar que viene de dentro
La sanción llega en un mes tenso. En septiembre, el sindicato de trabajadores de Seda Huánuco salió a protestar para exigir la salida de la gerencia. Su secretario, Pedro Beteta Tarazona, dijo a este diario que los trabajadores no perciben mejoras en la empresa y denunció presuntos abusos laborales. Esas acusaciones deberán verificarse ante las instancias correspondientes. La resolución de Sunass, en cambio, no deja lugar a dudas en su diagnóstico: la empresa sabía qué tenía que hacer, conocía los plazos y llegó tarde.
En Ósgoro, el dinero para proteger el agua sigue en la cuenta de una reserva. Los usuarios de Huánuco lo pagaron en sus recibos, mes a mes, durante todo el año que el regulador acaba de evaluar.
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