DRE investiga fichas que registran 80 horas de prácticas tras viaje de tres días

La Dirección Regional de Educación (DRE) de Huánuco abrió un procedimiento administrativo para esclarecer las presuntas irregularidades en las experiencias formativas de 52 estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aparicio Pomares. Las fichas incorporadas a la denuncia consignan 80 horas de prácticas en Pozuzo, aunque el plan institucional describe un viaje de solo tres días, del 15 al 17 de noviembre de 2024. La investigación administrativa fue abierta mediante una resolución del 24 de marzo de 2026, según confirmó la responsable de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Esa decisión no constituye una sanción ni acredita por sí sola la comisión de una falta: su finalidad es determinar la autenticidad de los registros, las responsabilidades individuales y el destino de los pagos denunciados. Centro de salud no registra las prácticas El principal contraste aparece en el Oficio N.° 114-2025-MRP-J/DACC, emitido el 31 de octubre de 2025 por la dirección del Centro de Salud San Camilo de Pozuzo. La entidad respondió que no existe registro de estudiantes del instituto Aparicio Pomares que hayan realizado allí experiencias formativas o prácticas durante 2024. A esa respuesta se suma una carta notarial del 10 de noviembre de 2025. En ella, una obstetra que trabajaba en el establecimiento sostuvo que los alumnos permanecieron aproximadamente media hora para tomar fotografías y que ella firmó únicamente una hoja en blanco presentada como constancia de visita. También desconoció como suyos la firma y el sello que aparecen en una ficha de evaluación incorporada al expediente. Estos documentos acreditan una contradicción que debe ser investigada, pero no permiten afirmar todavía quién llenó las fichas ni si hubo falsificación. Esa determinación corresponde a la autoridad administrativa y, si se identificara un posible delito, a las instancias competentes. Otros anexos plantean interrogantes adicionales. Una constancia de la guardería infantil Semillitas atribuye 60 horas de experiencia formativa realizadas en octubre de 2024, aunque fue emitida en abril de 2025. Además, tres reportes de Recursos Humanos de la Red de Salud Huánuco indican que la persona cuya firma aparece vinculada a otra evaluación no figura en sus registros de personal revisados entre 2020 y 2025. Ninguno de esos hallazgos, por separado, demuestra quién elaboró los documentos. S/46 800 es una estimación, no un destino acreditado El licenciado en Enfermería Julio Ambrosio Huacho, autor de la denuncia, declaró que cada uno de los 52 alumnos aportó aproximadamente S/800 para el viaje y luego S/100 adicionales por la constancia de Semillitas. La multiplicación de ambos montos arroja S/46 800. Sin embargo, Ambrosio precisó que los estudiantes no le dijeron que los S/800 fueran el precio de las fichas. Su sospecha se basa en el incremento del presupuesto del viaje y en que, según su versión, se les habría ofrecido retornar con los documentos firmados. Cinco quejas contra el denunciante siguen en evaluación En un expediente distinto, la comisión mostró cinco actas de declaración voluntaria y queja presentadas por estudiantes contra Ambrosio. Los documentos incluyen datos de identificación y huellas digitales, y contienen señalamientos sobre presuntos hechos de connotación sexual, maltrato y actuaciones académicas ocurridos entre 2024 y 2025. La existencia de las actas está documentada; la veracidad de las acusaciones aún no ha sido establecida. Al momento de la consulta, la comisión no exhibió una resolución que abriera un procedimiento disciplinario contra el docente y señaló que primero debía trasladarle las quejas para que ejerciera su defensa. Ambrosio negó las imputaciones y afirmó que serían una represalia por su denuncia sobre las prácticas. No presentó evidencia que demostrara esa relación y, además, dijo conocer cuatro quejas, mientras que la comisión mostró cinco. La DRE tiene así dos asuntos independientes por resolver: las inconsistencias documentales y económicas denunciadas en las prácticas estudiantiles, y las quejas formuladas contra el propio denunciante. La investigación de uno no confirma ni invalida automáticamente el otro.