El Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán exigió al Consejo Universitario una decisión definitiva sobre los ascensos y anunció que acudirá a acciones legales si el procedimiento sigue sin resolverse. Su secretario general, Sebastián Campos, sostuvo que la demora pone en riesgo la ejecución de las promociones en 2027, una preocupación presupuestaria que el gremio reclama atender con urgencia.
El dirigente afirmó que remitieron una carta notarial al rector Ewer Portocarrero Merino y a los integrantes del Consejo Universitario para solicitar una sesión extraordinaria. El pedido consiste en que ese órgano apruebe o rechace expresamente las propuestas de promoción presentadas por las facultades y culmine el procedimiento que, según el sindicato, la propia universidad puso en marcha.
“Que el consejo se reúna y que nos diga procede o no procede”, expresó Campos. El anuncio de acciones legales quedó condicionado al agotamiento de la vía administrativa.
La diferencia entre una lista y un ascenso
El punto de desacuerdo es el alcance del último pronunciamiento universitario. Según Campos, en la sesión del 30 de septiembre el consejo aprobó una relación de profesores aptos, pero no la promoción automática que reclama el gremio. Para el dirigente, esa distinción es decisiva: identificar a quienes podrían ascender no equivale a resolver sus ascensos.
Campos sostuvo que los consejos de facultad ya realizaron la evaluación y aprobaron los expedientes que fueron elevados para la decisión universitaria. El sindicato considera que esas propuestas deben recibir un pronunciamiento expreso que concluya el trámite.
El dirigente reconstruyó el procedimiento desde los primeros días de septiembre. Dijo que la nueva administración dispuso actualizar la relación de docentes ordinarios en las categorías de auxiliar y asociado, y que las facultades evaluaran las propuestas de promoción. Esa decisión, relató, generó expectativas de que el proceso avanzaría hacia una aprobación definitiva.
La nueva gestión universitaria asumió el 2 de septiembre, de acuerdo con la información institucional de la Unheval. Campos sostuvo que el tiempo transcurrido desde entonces era suficiente para emitir un pronunciamiento y reclamó que la discusión se lleve a una sesión extraordinaria, sin esperar la siguiente reunión ordinaria del consejo.
Qué dispone la ley
La Ley 32680, publicada el 2 de julio de 2026, modificó el artículo 84 de la Ley Universitaria. El texto mantiene al Consejo Universitario como órgano encargado de decidir la promoción, a propuesta de las facultades, y establece el ascenso automático después de la ratificación, por una sola vez, con ejecución en el ejercicio presupuestal siguiente.
Ese calendario es el centro del argumento sindical. Campos distingue entre la decisión sobre la promoción y el momento en que debe ejecutarse con presupuesto. A su juicio, el consejo debe pronunciarse ahora y continuar después con las gestiones administrativas y presupuestarias, en lugar de supeditar la decisión a contar previamente con una asignación efectiva.
El alcance de la norma también tiene una precisión relevante. En el Informe 00517-2026-Sunedu-SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Sunedu interpreta que el mecanismo corresponde a docentes ratificados desde el 3 de julio de 2026, fecha de entrada en vigencia de la ley, y no puede aplicarse retroactivamente a ratificaciones anteriores.
El documento responde a una consulta de la Universidad Nacional de Cajamarca y señala que la opinión jurídica es no vinculante. Constituye un criterio de interpretación y no una decisión sobre los expedientes de la Unheval. Desde esa lectura, la fecha de ratificación de cada profesor es un dato necesario para evaluar si puede acogerse al mecanismo.
La preocupación por 2027
Campos afirmó que la falta de una resolución expresa dificulta sustentar el requerimiento de recursos para el siguiente año. El sindicato teme que la prolongación del trámite termine desplazando la ejecución de los ascensos hasta 2028. Esa posibilidad fue planteada por el dirigente como un riesgo; no como una decisión presupuestaria ya adoptada por la universidad.
El reclamo tiene, además, una dimensión profesional. El dirigente sostuvo que hay profesores que permanecen en las categorías de auxiliar y asociado durante veinticinco o treinta años. Atribuyó esa espera a las dificultades del régimen de promociones y presentó la nueva ley como una oportunidad para que los docentes accedan a la categoría que consideran correspondiente a su trayectoria.
“No queremos que llegue a fin de mes. Queremos que se convoque a sesión extraordinaria”, insistió. Campos dijo que el requerimiento notarial fija cinco días para recibir una respuesta positiva o negativa. De mantenerse el desacuerdo, indicó que el sindicato buscará hacer valer sus pretensiones mediante las acciones legales correspondientes.
“No estamos suplicando que se pronuncien a nuestro favor”, manifestó. El pedido que dejó planteado el gremio es una resolución que defina si las promociones proceden y explique sus fundamentos. Esa decisión permitiría precisar qué solicitudes han sido aceptadas, cuáles han sido rechazadas y qué gestiones presupuestarias deben seguir.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.