El desalojo de la Dirección Regional de Salud de Huánuco quedó suspendido hasta el 21 de diciembre, luego de que las autoridades advirtieran que el traslado inmediato del laboratorio instalado en el inmueble podría generar riesgos sanitarios. La decisión concede a la Diresa alrededor de cinco meses y medio para elaborar un plan de contingencia, buscar otro local o alcanzar un acuerdo de alquiler con la Beneficencia Pública. El procurador del Gobierno Regional de Huánuco sostuvo que la suspensión fue solicitada debido a los informes técnicos sobre la complejidad de movilizar los equipos y materiales del laboratorio. Según explicó, la Policía Nacional también verificó las instalaciones y habría concluido que ejecutar el lanzamiento en las actuales condiciones resultaba riesgoso. La Beneficencia Pública, propietaria del predio, mantuvo su posición de recuperar el inmueble. Su representante indicó que el proceso judicial se encuentra en etapa de ejecución y que el plazo otorgado no anula la obligación de entrega. Precisó que la Diresa deberá preparar el protocolo necesario y asumir la responsabilidad por cualquier incidente relacionado con el traslado. Un plazo que no resuelve el conflicto La principal controversia se concentra ahora en el destino del local. El director regional de Salud, Gustavo Barrera, afirmó que su institución presentó una propuesta de alquiler por S/47 mil y que espera iniciar nuevas conversaciones con el directorio de la Beneficencia. Según señaló, la propuesta fue recibida recientemente y podría ser evaluada durante los próximos días. La versión de Barrera, sin embargo, no coincide plenamente con la posición expresada durante la diligencia por el representante de la Beneficencia. Este último aseguró que el 21 de diciembre corresponde a la fecha de entrega del inmueble y no a una ampliación indefinida para continuar negociando. También precisó que cualquier propuesta de arrendamiento deberá ser discutida y aprobada por el directorio. El funcionario de la Beneficencia señaló que, una vez recuperado el predio, el directorio podrá decidir si lo alquila o si lo destina a servicios vinculados con sus fines sociales, como la atención de niños o adultos mayores. También rechazó la versión de que el terreno sería utilizado para un supuesto hospital de la Solidaridad. El laboratorio obliga a preparar la mudanza La suspensión se produjo porque la Diresa no había presentado un plan de contingencia para movilizar el laboratorio. De acuerdo con la Beneficencia, el juez concedió el plazo para evitar que el lanzamiento ocasionara una afectación a la salud o generara responsabilidades por la manipulación inadecuada de equipos y materiales. El procurador regional deslindó responsabilidad por la falta de una solución administrativa previa. Manifestó que su despacho interviene para defender los intereses del Estado dentro del proceso, pero que la búsqueda de un nuevo local, la negociación de un contrato o la planificación de la mudanza corresponden directamente a la administración de la Diresa. Barrera sostuvo ante los trabajadores que el plazo permitirá continuar las gestiones para permanecer en el inmueble. Durante su intervención mencionó primero el 21 de diciembre y luego el 25 de diciembre, una diferencia que deberá ser aclarada con el acta judicial, pues los demás participantes situaron la fecha límite en el día 21. La suspensión evita por ahora la interrupción inmediata de los servicios y permite preparar el traslado del laboratorio bajo condiciones técnicas. No obstante, la continuidad de la Diresa en el predio dependerá de que el directorio de la Beneficencia acepte evaluar el alquiler propuesto. De no existir un acuerdo, la entidad sanitaria deberá entregar el inmueble en diciembre y asumir las consecuencias administrativas, civiles o penales advertidas durante la diligencia.
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