DIRESA busca frenar desalojo por riesgo sanitario en Huánuco

Un posible desalojo de la sede que ocupa la Dirección Regional de Salud de Huánuco encendió una alerta sanitaria por el riesgo que, según su director Gustavo Barrera Sulca, podría generar la manipulación o interrupción de bienes vinculados al laboratorio regional. La medida, prevista para el 10 de julio según lo señalado por la propia Diresa, obligó a sus trabajadores a protestar e ingresar a la Municipalidad Provincial de Huánuco para pedir la intervención del alcalde Antonio Jara ante el Directorio de la Beneficencia. La controversia gira en torno al uso del local administrado por la Beneficencia de Huánuco. Barrera indicó que la Diresa presentará un documento inmediato a la municipalidad para plantear una propuesta de alquiler y, sobre todo, paralizar la ejecución del desalojo. Según el reporte periodístico, la Diresa había planteado un pago de S/ 30 mil, mientras que la Beneficencia habría solicitado S/ 45 mil. El director regional sostuvo que el alcalde no tenía “pleno conocimiento de los montos” y que esa información sería aclarada mediante un documento sustentatorio. La intención, dijo, es que Jara dialogue con los dos representantes de la municipalidad en el Directorio de la Beneficencia y que, luego de esa reunión, se convoque a una nueva sesión para reconsiderar la negativa adoptada previamente. El laboratorio regional, en el centro del conflicto La Diresa puso el énfasis en el riesgo para la salud pública. Barrera afirmó que un desalojo “siempre es violento” y que la entidad mantiene bienes de alta importancia, entre ellos el laboratorio regional. En el material entregado también se advierte que allí se manejarían muestras biológicas de alta complejidad, vinculadas a tuberculosis, VIH, hepatitis B, influenza, COVID-19, cultivos, biopsias y otros especímenes de referencia regional. La advertencia sanitaria plantea que cualquier interrupción o manipulación sin plan de contingencia y sin protocolos estrictos de bioseguridad podría exponer al personal de salud, efectivos policiales y población huanuqueña. Esa es la base del mensaje que la Diresa busca colocar ante el Directorio de la Beneficencia: antes que ejecutar el lanzamiento, se debe evitar un escenario que comprometa la seguridad sanitaria regional. Tras la reunión en la municipalidad, Barrera señaló que el alcalde pidió documentos y un plan de contingencia. La Diresa, según explicó, planteará un plazo preventivo para retirarse, que podría ser de seis meses, nueve meses o incluso hasta un año, aunque el propio director precisó luego que la propuesta más probable sería de seis a nueve meses. Una salida temporal, no una solución definitiva La propia Diresa reconoce que el pedido no resuelve de fondo el problema. Barrera aceptó que la solicitud busca un aplazamiento para evitar la ejecución inmediata del desalojo y ganar tiempo para ubicar nuevos ambientes. La dificultad, según dijo, está en encontrar un local con condiciones adecuadas para instalar no solo oficinas administrativas, sino también el laboratorio regional. El director regional indicó que cuentan con dos votos favorables dentro del Directorio de la Beneficencia: uno de la representante del Gobierno Regional y otro de un representante del Ministerio de la Mujer. También invocó al representante del mismo ministerio que habría votado en contra a reconsiderar su posición. “Con la salud no se juega”, sostuvo Barrera al defender el pedido. La Defensoría del Pueblo también aparece como actor de seguimiento. De acuerdo con el reporte periodístico, personal de esa institución llegó al frontis de la municipalidad para coordinar acciones vinculadas al conflicto. Barrera agradeció su respaldo y señaló que su intervención corresponde a la defensa de la población frente a posibles afectaciones en salud. El punto crítico será la respuesta del Directorio de la Beneficencia antes del 10 de julio. Si la reconsideración prospera, la Diresa ganaría margen para ejecutar un traslado ordenado. Si no ocurre, Huánuco quedaría ante un conflicto donde un proceso de recuperación de inmueble podría escalar hacia un problema sanitario, institucional y político.