«Yo tengo derecho a que se me notifique», reclamó Milagritos Fanny Valdivia Sánchez el jueves. La Municipalidad Provincial de Huánuco vaciaba su tienda del Mercado Central con policías, sin fiscal y sin mostrar el acuerdo que invocó.
Valdivia sostiene que tiene el negocio desde 2003, hace 23 años, con contrato municipal, y que nadie le avisó. En el mercado trabajan 340 comerciantes, según su directiva, que teme que el caso se repita.
Policías, un camión y ningún fiscal
La tienda vendía bolsas y descartables en el jirón Huánuco 820. Los directivos contaron que la Policía llegó cerca de las 8:30, cuando el administrador no estaba. Sus compañeros lo llamaron y, cuando llegó, el desalojo ya había empezado.
Dirigió el desalojo el procurador municipal, el abogado que defiende a la municipalidad. Diario Ahora calculó entre 40 y 50 policías, y no vio a ningún fiscal.
A las 10:43 llegó un camión de la municipalidad y a las 11:57 sus trabajadores cargaban la mercadería. En la puerta no había ningún documento pegado, y los comerciantes protestaron porque la mercadería salió sin inventario. Enrique Valdivia, hermano de la dueña, respondió así a quien le ofreció llevarse las cosas: «¿Tienes espacio en tu casa para meter todo esto?». La tienda quedó vacía a puertas de la Navidad.
Dos versiones sobre un contrato
Valdivia es enfermera y encargó la tienda a su hermano, que según dijo siempre la administró y se enteró del desalojo ese mismo jueves. Según ella, paga S/ 350 al mes, tributa a la Sunat y debía un solo mes porque no le permitían pagar: «estaba bloqueado».
El mismo jueves, afirma, la municipalidad le recibió ese pago. Para ella, es el primer desalojo en el mercado. Desde el año pasado, el procurador y su equipo la presionarían para que deje el negocio. Ella anunció acciones: «acá hay inversión de dinero, de mi familia».
El procurador da otra razón: según él, un acuerdo del concejo municipal rechazó el pedido del hermano, que quería un contrato a nombre propio, y ordenó recuperar el local. En su versión, la municipalidad contrató con ella y ella cedió el local a su hermano, lo que el contrato no admitiría: «no puede subarrendar de manera legal».
La notificación no falta, a su juicio: «ellos ya tienen conocimiento de años». Ese rechazo, en su relato, se le comunicó al hermano, y la decisión «tiene como un año y medio, creo». No supo decir la fecha del contrato. El pago del jueves no cambia nada para él, porque «cualquier persona puede ir a pagar».
«Yo estoy hablando en base a documentos», insistió, aunque admitió: «lógicamente no les he mostrado nada». Cuando le pidieron una copia del acuerdo, respondió primero «Yo no tengo, pues» y, enseguida, «Claro, lo tenemos».
Los directivos alegan que el hermano pidió el contrato para ponerse en regla, por el hostigamiento que atribuyen al procurador. Pero, preguntado de quién era el local, un comerciante respondió: «Del señor Enrique, nuestro compañero».
La directiva reclama trato desigual
Nidia Sosa, vicepresidenta del mercado, respaldó a Valdivia: la directiva tampoco sabía nada. A su entender, un desalojo exige dos notificaciones previas y una resolución que da 72 horas para retirar las cosas. «Acá no hay nada».
Reclama la comparación: a Valdivia, que estaría al día, se la desaloja; otros comerciantes deberían «más de cincuenta mil, setenta mil», y algunos «más de cien mil», y nadie los toca.
Tiempo atrás, según los directivos, las tiendas sí recibieron notificaciones, y el asunto terminó en un diálogo. Esta vez no les llegó nada: «Todo fue de un día para otro». Tampoco intervinieron: «la policía aquí nos han retenido», y temían las bombas lacrimógenas con mujeres de 60 y 70 años trabajando adentro. Un trabajador teme que a cualquiera lo desalojen «de la misma forma».
Un pago bloqueado desde agosto
Nataly, dirigente del mercado, dijo que el procurador actuó «de manera arbitraria, sin notificación». Según la dirigente, el compañero «está al día», pero su pago estaba «bloqueado desde el mes de agosto»; Valdivia habla de un solo mes de deuda.
Explicó que las tiendas son «locales administrados por Patrimonio» de la municipalidad, y que el hermano ayuda a Valdivia «cuando su hermana está de turno en el hospital».
En abril se frenó un cierre
El mercado, que la ciudad llama Mercado Viejo, ya temió este año un cierre. Diario Ahora dio cuenta el 22 de abril de que la municipalidad lo suspendió tras protestas. La municipalidad convocó entonces a una mesa técnica para destrabar la refacción del techo, valorada en S/ 2,02 millones.
El alcalde Antonio Jara advirtió que reasignaría el dinero a otras obras si el Ministerio de Cultura no aprobaba el expediente antes de junio. Los comerciantes pedían garantías para el sustento de 300 familias y temían un proyecto nuevo que los dejara fuera.
Los acuerdos quedaron en actas con la mediación de la Defensoría del Pueblo, según la presidenta del mercado, Nataly Mendoza. El jueves llamaron a la Defensoría y nadie llegó, reclamaron los comerciantes. Al administrador, el defensor le habría dicho que intervendrá después, por ser «un proceso privado».
Lo que sigue: dos documentos
El procurador dijo que solo cumple órdenes: «yo no soy municipalidad». Anunció un informe que dirá que cumplió el acuerdo; lo demás, según él, toca al concejo. Los directivos anunciaron acciones legales y una denuncia pública.
La discusión se resuelve con dos documentos: el acuerdo que invoca el procurador y el contrato que Valdivia dice tener con la municipalidad. «Si toca a una de nuestras compañeras que están al día, imagínate qué nos esperan a nosotros», advirtió Sosa.










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