El Colegio de Abogados de Huánuco no respaldó el inicio inmediato del proyecto Alameda de la República, según aclaró su decano, Handhy Cruz Jaramillo, quien cuestionó que el Gobierno Regional haya difundido fragmentos de sus declaraciones como si los colegios profesionales estuvieran de acuerdo con la ejecución de la obra en las actuales condiciones. Cruz sostuvo que durante la reunión con el gobernador Antonio Pulgar saludó la convocatoria a los representantes de los colegios profesionales, pero precisó que esa valoración no equivale a un respaldo técnico, legal o institucional al proyecto. “En ningún momento hemos señalado eso”, afirmó al referirse a la publicidad difundida por la entidad regional. El decano señaló que sus declaraciones fueron presentadas sin el contexto completo. Según explicó, los participantes reconocieron como positiva la apertura de un espacio de diálogo, pero también formularon preguntas que todavía no han sido respondidas de manera directa sobre el avance del expediente, las etapas de ejecución y las garantías para impedir una eventual paralización. Una obra de 18 meses frente a una gestión que termina Una de las principales observaciones está relacionada con el plazo. Cruz indicó que la obra tendría un periodo de ejecución de 18 meses, pese a que a la actual administración regional le quedarían apenas algunos meses de gestión efectiva antes de las elecciones y del proceso de transferencia. El abogado sostuvo que entre agosto y diciembre existirían factores que podrían reducir el tiempo disponible: la temporada de lluvias, las elecciones regionales y municipales, y la transferencia a la siguiente administración. Por ello, preguntó al gobernador qué componentes pretende ejecutar antes de finalizar su mandato y qué medidas se adoptarán para garantizar que el proyecto continúe sin interrupciones. Cruz afirmó que la respuesta recibida no fue concreta. Según relató, el gobernador manifestó que la obra cuenta con presupuesto hasta su culminación, pero no explicó con precisión qué partidas serán ejecutadas durante la actual gestión ni cómo se organizará la continuidad contractual y administrativa. El decano también recordó que el Gobierno Regional habría reconocido que el proyecto se encuentra en una modalidad de diseño y construcción por entregables. De acuerdo con la información expuesta en la reunión, solo estarían disponibles el primer y el segundo entregable, por lo que pidió precisar qué contiene cada uno, cuánto se ejecutará y en qué plazo. Dudas técnicas, ambientales y documentales La aclaración del Colegio de Abogados se suma a los cuestionamientos conocidos sobre la situación técnica y administrativa del proyecto. El Colegio de Ingenieros informó que la Alameda se encuentra dentro de un segundo entregable contractual y que aún existirían pendientes vinculados con la certificación ambiental y la factibilidad de los servicios de Seda Huánuco. También se ha solicitado que el Gobierno Regional publique el Código Único de Inversiones, la ficha de formulación y evaluación, la declaración de viabilidad, la resolución de aprobación, el expediente técnico, el contrato, el acta de buena pro y los documentos que acrediten la incorporación de la obra en el presupuesto participativo regional de 2024 o 2025. A estas exigencias se agregan las dudas sobre el eventual traslado de árboles, la reducción de carriles y el impacto sobre el tránsito. Hasta ahora, de acuerdo con los cuestionamientos formulados por profesionales y exfuncionarios, no se han mostrado públicamente todos los estudios ambientales, viales y técnicos que permitirían conocer la viabilidad integral de la intervención. Cruz sostuvo que los colegios profesionales no se oponen a una inversión pública en la Alameda, pero afirmó que cualquier ejecución deberá cumplir las normas y contar con plazos definidos. También pidió que el Gobierno Regional explique por qué considera necesario iniciar la obra en los últimos meses de la actual gestión, en lugar de dejar la ejecución a la administración que asumirá el próximo periodo. El gobernador anunció que continuará convocando a los colegios profesionales. Sin embargo, mientras no se aclaren los entregables, la certificación ambiental, el cronograma y las condiciones de transferencia, el respaldo atribuido por el Gobierno Regional seguirá siendo cuestionado por quienes participaron en la primera reunión.
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