Daisy Heidinger alerta que minería legal e ilegal está destruyendo Puerto Inca

La minería legal e ilegal está ocasionando un deterioro ambiental que amenaza con volverse irreversible en Puerto Inca, advirtió la exalcaldesa provincial y actual directora nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Daisy Heidinger Zevallos. “Están destruyendo Puerto Inca poco a poco”, afirmó al reclamar una intervención más firme de las autoridades. Heidinger identificó a Yuyapichis, Puerto Inca y Tournavista como los tres distritos que estarían soportando el mayor impacto de la actividad minera. Según sostuvo, la expansión de las operaciones no solamente estaría alterando el territorio, sino también deteriorando ríos que anteriormente eran utilizados por la población para el turismo, la recreación y distintas actividades cotidianas. La exautoridad estimó que la provincia representa entre el 25 % y el 26 % del territorio de Huánuco y la describió como una zona estratégica por sus recursos naturales y su potencial económico. Sin embargo, advirtió que esa riqueza podría convertirse en una pérdida permanente si la minería continúa avanzando sin una fiscalización ambiental efectiva. Advierte que el Pintuyacu se volvió inservible Uno de los casos mencionados por Heidinger fue el río Pintuyacu, ubicado cerca de la ciudad de Puerto Inca. Recordó que este espacio era considerado un atractivo local y que numerosas familias acudían diariamente para bañarse, lavar o realizar otras actividades. Actualmente, aseguró, el agua permanece turbia y presenta una apariencia lechosa durante gran parte del día. “Ahora es inservible”, sostuvo al responsabilizar de este deterioro a la actividad minera desarrollada en la zona. La exalcaldesa también mencionó cambios en la coloración del río Yuyapichis y alertó sobre la situación del Área de Conservación Privada Panguana. Según su evaluación, este espacio se encuentra cada vez más rodeado y amenazado por el avance de la minería. Heidinger comparó lo que sucede en Puerto Inca con la degradación ambiental registrada en Madre de Dios. “Si continuamos así, lo que se hizo en Madre de Dios es un simple ejemplo de lo que va a pasar en Puerto Inca y de lo que ya está pasando”, manifestó. Su advertencia no se limitó a las operaciones ilegales. Sostuvo que también deben ser fiscalizadas las empresas y personas que desarrollan minería legal, debido a que disponer de una autorización no las libera de cumplir los parámetros ambientales establecidos. Reclama controles también para la minería legal Heidinger aclaró que su posición no busca impedir toda actividad minera. Consideró que la extracción puede desarrollarse, pero bajo controles que reduzcan sus efectos sobre el agua, el suelo, los bosques y las poblaciones asentadas en las áreas intervenidas. “No estamos en contra de la minería, pero hay que ser cuidadosos y fiscalizar para que se cumplan los reglamentos”, expresó. Agregó que toda operación produce algún impacto, aunque ese efecto no puede alcanzar niveles que terminen destruyendo los recursos de los que depende la población. La exalcaldesa reconoció que la minería puede estar generando ingresos y movimiento económico inmediato en Puerto Inca. No obstante, cuestionó que ese beneficio sea considerado suficiente si, paralelamente, se pierden ríos, espacios turísticos y ecosistemas cuya recuperación demandaría varios años o podría resultar imposible. A su juicio, el verdadero desafío consiste en lograr que los ingresos actuales no se conviertan en costos sociales y ambientales para las siguientes generaciones. “Si quiero que ese impacto económico sea sostenible, tengo que cuidar que el impacto ambiental se minimice”, señaló. Exige una respuesta articulada Heidinger pidió una “mirada más seria” del Gobierno Regional de Huánuco, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Reclamó que las intervenciones sean permanentes y no se concentren únicamente en operativos esporádicos contra la minería informal. Su pronunciamiento plantea la necesidad de establecer cuántas operaciones actúan actualmente en Yuyapichis, Puerto Inca y Tournavista; cuáles poseen autorizaciones; qué obligaciones ambientales deben cumplir; y qué resultados han producido las fiscalizaciones realizadas en ríos y zonas de conservación. La funcionaria reconoció que en la provincia existen avances en educación, salud e infraestructura vial. Sin embargo, sostuvo que esas mejoras podrían perder valor si el territorio continúa deteriorándose y los recursos naturales que sostienen la vida y la economía local dejan de ser utilizables. La advertencia deja una interrogante central para las autoridades: cuánto territorio, cuántos ríos y cuántos espacios de conservación pueden perderse antes de que la fiscalización llegue de manera sostenida a Puerto Inca.