La crisis abierta tras la primera vuelta electoral sumó un nuevo capítulo con la salida del jefe de la ONPE , pero en Huánuco la discusión ya se desplazó hacia un punto más profundo: la legitimidad del proceso . Marco Durán , comisionado de la Defensoría del Pueblo en la región, afirmó en entrevista con Diario Ahora que la preocupación ya no se limita a quiénes pasarán a la segunda vuelta, sino a la forma en que se procesan los resultados y a la confianza que ese procedimiento deja en la ciudadanía. Durán sostuvo que el volumen de 1.800 actas observadas alteró la percepción ciudadana sobre el cierre de la jornada electoral. Según indicó, en lugar de que el voto defina con claridad el pase a la segunda vuelta para presidente, vicepresidentes y lista parlamentaria, la decisión quedó trasladada a los Jurados Electorales Especiales . A su juicio, ese cambio ha instalado la idea de que el desenlace ya no depende solo de las urnas, sino de instancias posteriores sometidas a alta presión política . El comisionado comparó esa demora con otros procesos de la región. Según manifestó, en Chile (en su proceso electoral) cerca de las 8 de la noche ya se conocían los resultados que despejaban el escenario de segunda vuelta, mientras que en el Perú la incertidumbre se prolonga (hasta la actualidad) incluso después del cierre del escrutinio. Para Durán, esa dilación debilitó la confianza pública y abrió espacio a denuncias, sospechas y cuestionamientos que hoy sobreviven incluso tras la dimisión del titular de la ONPE . La nulidad sigue sin salida inmediata Sobre la posibilidad de anular las elecciones, Durán precisó que la Ley Orgánica de Elecciones no contempla, en las condiciones descritas por él, una causal inmediata de nulidad . Según explicó, antes tendría que revisarse documentación, fotografías, filmaciones y otros medios probatorios, además de someter ese material a un peritaje legal. Recién después, añadió, el Congreso podría evaluar una legislación de emergencia que habilite al Jurado Nacional de Elecciones a intervenir con otra base normativa. Durán añadió que las eventuales responsabilidades no deberían agotarse en sanciones administrativas. Según señaló, si se acreditan incumplimientos funcionales en la conducción del proceso, también correspondería examinar consecuencias penales . En su evaluación, el perjuicio alcanzó a más de 1 millón de peruanos que en Lima no pudieron ejercer su derecho a elegir en condiciones plenamente confiables, lo que extiende el problema más allá de la disputa entre candidaturas y lo convierte en una crisis de confianza institucional . El representante de la Defensoría también cuestionó el manejo del material electoral. Señaló que, pese a que la ley exige preservar votos y actas para eventuales recuentos, hubo casos en los que paquetes de la ONPE terminaron en la basura, votos fueron rotos y actas quedaron viciadas . A eso sumó las contradicciones entre la ONPE y la empresa encargada del transporte del material, un episodio que ya había derivado además en la renuncia del entonces gerente de Gestión Electoral , José Samamé , reemplazado después por Gustavo García Hidalgo . Las dudas desde Huánuco En el caso de Huánuco , Durán expresó su extrañeza por la instalación de mesas en localidades alejadas como Santa Virginia, centro poblado de Pachitea . Según indicó, en esos puntos resulta difícil la presencia de personeros partidarios y observadores de transparencia , lo que reduce el control político y ciudadano sobre el sufragio . Aunque recordó que hasta esos lugares pueden llegar funcionarios de la ONPE , miembros de la Policía o del Ejército , remarcó que esas presencias no reemplazan la vigilancia directa que ejercen los personeros durante la votación y el escrutinio. Durán afirmó además que hubo centros de votación en la capital donde las mesas no se instalaron ni siquiera hasta las 12 del día , pese a que ese era el tiempo límite legal, y sostuvo que a las 2 de la tarde ya no existía voluntad real de sostener el proceso en condiciones regulares. Según su relato, esa demora llevó a que numerosos electores regresaran a sus casas y no retornaran a votar. En esa secuencia ubica una parte del daño político que hoy, a su juicio, no se resuelve con una sola renuncia . La salida de Piero Corvetto abrió una nueva fase en la ONPE , mientras Bernardo Juan Pachas Serrano aparece como responsable interino del despacho, según la información institucional disponible. Pero la entrevista con Durán sugiere que el problema ya no se agota en nombres propios. La pregunta que queda abierta es otra: si el recambio en la cúpula electoral alcanzará para recomponer la credibilidad del proceso o si el país llegará a la segunda vuelta con una desconfianza instalada que seguirá condicionando al próximo gobierno desde antes de su proclamación.
