El Segundo Juzgado Civil de Huánuco admitió a trámite una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Huánuco, el Consorcio Ejecutor Laguna y el Consorcio Supervisor Viña del Río por la intervención en la laguna. Mediante la Resolución N.° 02, fechada el 24 de agosto de 2026, el juzgado abrió el proceso promovido por Handhy Amadeo Cruz Jaramillo, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, y fijó una audiencia virtual para el 12 de octubre a las 10:30 de la mañana.
La decisión judicial no resuelve todavía el fondo de la controversia ni dispone, en esta resolución, la paralización de los trabajos. Su efecto inmediato es incorporar formalmente a los demandados, concederles diez días para contestar y abrir el debate sobre los argumentos y documentos presentados por las partes.
La jueza Juana Silvia Cercedo Falcón determinó que la demanda reunía los requisitos del Nuevo Código Procesal Constitucional. Además de resolver su admisión, ordenó emplazar al procurador público regional y requirió a los demandados que remitan los documentos ofrecidos como medios probatorios.
Instituto ambiental busca incorporarse al proceso
La resolución también registra la solicitud del Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, representado por Eliseo Talancha Crespo, para incorporarse como litisconsorte facultativo. El juzgado trasladó el pedido a las partes por tres días y posteriormente decidirá si admite su participación.
La resolución corresponde al Expediente N.° 00848-2026-0-1201-JR-CI-02 y es distinta de los recursos mencionados por el abogado y dirigente ambiental Jhon Nalvarte. Este afirmó que las denegatorias de un habeas corpus y de otro amparo fueron apeladas. La Resolución N.° 02 no revoca esas decisiones: abre el proceso promovido por el decano del Colegio de Abogados.
“El tema está en el Poder Judicial”, declaró Nalvarte. También sostuvo que la Sala Civil deberá pronunciarse sobre una de las apelaciones y afirmó que ya existe maquinaria en el área de intervención.
Colectivos recurren también al OEFA
Tres días después de la resolución judicial, el Colectivo Ambiental Región Huánuco y la Coalición Ciudadana por la Dignidad de la Región Huánuco suscribieron una solicitud dirigida al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El documento, fechado el 27 de agosto, pide una “intervención urgente de fiscalización ambiental” y que se paralice la obra hasta que se esclarezcan las irregularidades que ambas organizaciones atribuyen al proyecto.
La solicitud fue firmada por Laurent Boucher Troquereau y Jhon José Nalvarte Loya, presidentes de ambas organizaciones. Los solicitantes cuestionan que el proyecto se ejecute fuera del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y sostienen que debería contar con certificación ambiental previa.
El escrito atribuye al especialista ambiental del Gobierno Regional la posición de que el proyecto “no se encuentra sujeto al SEIA” y que la entidad “no requiere gestionar la certificación ambiental previa a su ejecución”. Los colectivos consideran contradictorio que, al mismo tiempo, se haya elaborado un instrumento de gestión ambiental que califican como similar a una Declaración de Impacto Ambiental.
Como sustento, la petición menciona planes de manejo de residuos, emisiones y efluentes, además de monitoreos de aire, ruido, agua y componentes hidrobiológicos. Sobre esa base, las organizaciones sostienen que la intervención podría generar efectos ambientales.
El documento consigna como medios probatorios una declaración del especialista regional, actos administrativos vinculados con la obra y copias de la Investigación Fiscal N.° 200-2026.
La solicitud no equivale a una orden de suspensión porque todavía corresponde al OEFA decidir sobre el pedido. En el ámbito judicial, el próximo paso será la contestación de los demandados y la audiencia del 12 de octubre ante el Segundo Juzgado Civil.
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