Una inversión cercana a los S/3 millones para dotar de camionetas, motocicletas y transporte fluvial a la Policía en Puerto Inca quedó bajo cuestionamiento durante una sesión del Consejo Regional de Huánuco. Varios consejeros consideraron elevados los costos expuestos y plantearon que la propuesta retorne a comisión para ser revisada antes de cualquier aprobación.
La iniciativa se encontraba en la etapa de priorización para su eventual ejecución mediante la modalidad de Obras por Impuestos. Por tanto, no se trata de una compra realizada ni de una sobrevaloración comprobada, sino de una propuesta cuyos montos fueron objetados públicamente por integrantes del propio Consejo Regional.
De acuerdo con las cifras leídas durante la sesión, la intervención contempla nueve camionetas de doble cabina y cuatro puertas, equipadas para uso policial, por un monto conjunto de S/2 110 127. También incluye diez motocicletas valorizadas en S/388 000 y dos deslizadores fluviales asociados a una inversión de S/480 000.
Los tres componentes suman aproximadamente S/2 978 127. El detalle integral de las especificaciones, equipamiento y precios unitarios será determinante para establecer si los costos se encuentran dentro de los valores correspondientes a vehículos acondicionados para labores policiales.
Consejeros piden reformular la propuesta
El consejero regional Rubén Andrián Facundo sostuvo que el expediente debía retornar a comisión y cuestionó el costo proyectado para las camionetas. Durante su intervención, estimó que cada unidad se aproximaría a los S/250 mil y consideró que esa cifra estaría por encima de los valores del mercado.
“Yo creo que en estos momentos debe retornar a la comisión y que reformulen”, manifestó. También pidió a la Comisión de Desarrollo Económico revisar con mayor rigurosidad las iniciativas de inversión antes de emitir sus dictámenes.
La consejera Candy Giannini Vargas Aguirre se sumó al pedido de devolución. Argumentó que Puerto Inca posee cinco distritos y cuestionó que se hayan considerado nueve camionetas, especialmente cuando —según afirmó— no todos los distritos cuentan con comisarías plenamente operativas.
“Creo que sí tiene que volver a la comisión para devolver al Ejecutivo y que este proyecto sea actualizado con los datos reales de la provincia de Puerto Inca”, señaló.
El debate no se limitó al precio de los vehículos. Algunos consejeros también cuestionaron que una inversión de esta magnitud se concentre en una sola provincia, cuando Huánuco está conformado por once y varias afrontan carencias similares en seguridad y movilidad policial.
Puerto Inca defiende la necesidad, pero cuestiona el costo
El consejero regional por Puerto Inca, Lester López, reconoció que los montos presentados parecían elevados, pero advirtió que la necesidad de dotar de vehículos a la Policía provincial es real y urgente.
Mencionó específicamente el caso de Yuyapichis, donde la dependencia policial no contaría con una camioneta propia y tendría que solicitar apoyo de otras instituciones o de terceros para trasladarse. Esta limitación, sostuvo, reduce la capacidad de respuesta frente a robos, secuestros y otras emergencias en una provincia extensa y alejada.
López pidió que las observaciones económicas no terminen eliminando una inversión necesaria para Puerto Inca. Su posición introdujo el principal contraste del debate: los consejeros coincidieron en que la provincia requiere movilidad policial, pero discreparon con los costos y la distribución planteados.
“Es algo muy importante para la provincia”, expresó. No obstante, admitió que aprobar la propuesta con los valores cuestionados podría impedir posteriormente su ejecución. Por ello, se mostró a favor de revisar las cifras y alcanzar una alternativa que permita atender la necesidad sin comprometer recursos por encima de lo razonable.
Advierten impacto sobre recursos futuros
El consejero Dante Oliver amplió el cuestionamiento hacia la priorización de inversiones mediante Obras por Impuestos. Recordó que los recursos aportados inicialmente por una empresa privada son reconocidos posteriormente por el Estado y advirtió que estas decisiones pueden comprometer recursos futuros del Fondo de Compensación Regional.
Oliver sostuvo que el Consejo Regional debe priorizar intervenciones que cierren brechas y generen beneficios duraderos. También alertó sobre el riesgo de comprometer recursos en bienes sujetos a depreciación sin una evaluación suficiente de su impacto y necesidad.
La discusión dejó dos asuntos pendientes: comprobar técnicamente si los costos observados corresponden al equipamiento policial requerido y determinar si la distribución de nueve camionetas responde a las necesidades operativas de Puerto Inca. La decisión formal del Consejo Regional definirá si la propuesta continúa su trámite o retorna a comisión para ser reformulada.









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