La reciente compra de 1,825 hectáreas de terrenos en el sector Colla Grande, distrito de Llata, ha vuelto a colocar a la Compañía Minera Antamina en el centro del debate provincial. La operación, valorizada en S/ 4 millones 833 mil, no solo incrementa el patrimonio territorial de la empresa en Huamalíes. También ha generado cuestionamientos sobre el precio pactado con los propietarios y sobre el futuro uso de extensas áreas de terreno que, en conjunto, ya suman casi 7,000 hectáreas bajo control de la minera.
La transacción quedó formalizada mediante seis contratos de compraventa de acciones y derechos suscritos con igual número de copropietarios. El pasado 11 de noviembre, Antamina presentó ante la Municipalidad Provincial de Huamalíes la documentación correspondiente para que se determine el pago del impuesto de alcabala y se continúe con la inscripción de la transferencia.
Sin embargo, más allá del procedimiento administrativo, la operación ha abierto nuevas preguntas en una provincia donde desde hace más de una década se discute el avance de la actividad minera y sus implicancias económicas y sociales.
Un precio que despierta cuestionamientos
Los documentos presentados por la empresa establecen que las 1,825 hectáreas fueron adquiridas por S/ 4,833,000.
La cifra equivale a aproximadamente S/ 2,648 por hectárea.
Es precisamente este valor el que ha despertado preocupación entre dirigentes, pobladores y analistas locales, quienes consideran que el monto resulta bajo frente a antecedentes de adquisiciones realizadas años atrás en territorios vecinos.
Durante un análisis difundido por Radio Huallaga, voces locales señalaron que en operaciones efectuadas entre 2012 y 2013 los valores por hectárea habrían sido sustancialmente superiores. Aunque las características de cada negociación son distintas y requieren una comparación técnica rigurosa, la diferencia ha alimentado cuestionamientos sobre si los vendedores de Colla Grande negociaron en condiciones equivalentes a las existentes en procesos anteriores.
El tema cobra especial relevancia porque, según las denuncias difundidas en la zona, las seis familias involucradas en la venta no habrían contado con asesoría legal especializada durante la negociación.
Hasta el momento no existe evidencia de irregularidades en la formalización de los contratos. No obstante, el caso ha instalado un debate sobre la capacidad de pequeños propietarios rurales para negociar frente a una de las compañías mineras más grandes del país.
La sombra de una compra mucho mayor
La operación en Colla Grande cobra otra dimensión al revisarse los antecedentes.
Antes de esta adquisición, Antamina ya había comprado 5,150.77 hectáreas a la comunidad campesina Túpac Amaru de Llata.
Aquella venta alcanzó tal relevancia que en 2015 la Fiscalía de Huamalíes solicitó información a los dirigentes comunales sobre la transacción y el destino de los recursos obtenidos.
Con la nueva adquisición, las tierras compradas por la minera en la jurisdicción de Llata alcanzan 6,975.77 hectáreas.
La magnitud del territorio involucrado ha reactivado una pregunta recurrente en Huamalíes: ¿para qué necesita Antamina casi siete mil hectáreas en una provincia donde sostiene que no tiene operaciones mineras?
El interés detrás de las tierras
Hasta ahora, la empresa ha sostenido públicamente que sus operaciones mineras se desarrollan en Áncash y que no posee componentes mineros en la región Huánuco.
Esa posición fue reiterada en 2023 tras una protesta de comuneros de Llata que reclamaban mayor información sobre la presencia de la compañía en la zona.
Sin embargo, el incremento sostenido de terrenos adquiridos en Huamalíes continúa alimentando interpretaciones y expectativas entre la población local.
Dirigentes y analistas consideran que la acumulación de miles de hectáreas podría estar vinculada a planes de largo plazo relacionados con exploración o expansión de actividades vinculadas al sector minero. Hasta la fecha, no existe un anuncio oficial de Antamina que confirme tales proyectos en territorio huanuqueño.
Esa ausencia de información es precisamente uno de los factores que incrementa la incertidumbre.
Obras, influencia y licencia social
La discusión también se extiende a la relación que mantiene la minera con la provincia.
En los últimos años, Antamina ha participado en una mesa de diálogo liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y ha intervenido en proyectos ejecutados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.
Para algunos dirigentes locales, sin embargo, existe una percepción equivocada respecto al origen de dichas inversiones.
Sostienen que muchas de las obras anunciadas en Huamalíes responden a recursos públicos canalizados mediante dicho mecanismo y no necesariamente a programas de responsabilidad social financiados directamente por la empresa.
Por ello, la compra de Colla Grande ha reabierto un debate más amplio: si el desarrollo de grandes proyectos requiere una licencia social basada en la confianza, la transparencia y la percepción de beneficio mutuo, ¿están los propietarios rurales negociando con suficiente información y asesoramiento?
Lo que viene
Por ahora, el siguiente paso corresponde a la Municipalidad Provincial de Huamalíes, que deberá calcular el monto de alcabala correspondiente a la operación.
Sin embargo, el debate recién comienza.
Autoridades, dirigentes y pobladores esperan que tanto la empresa como los propietarios involucrados expliquen con mayor detalle las condiciones de una transacción que vuelve a poner sobre la mesa el valor de la tierra, el poder de negociación de las comunidades y el creciente avance territorial de una de las mayores compañías mineras del país.










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