El sistema de disposición de residuos sólidos de la provincia de Huánuco ha ingresado en una fase de incertidumbre que trasciende la operatividad del relleno sanitario de Chilepampa. La estabilidad de este servicio, que procesa 250 toneladas diarias de desechos, se encuentra hoy atrapada en una contradicción estadística e institucional insalvable. Mientras el alcalde provincial, Antonio Jara Gallardo, sostiene que los compromisos de mantenimiento vial alcanzan un 95.8% de ejecución, su homólogo del centro poblado de Santo Domingo de Nauyán, Manuel Salvador Martínez, calificó la intervención de "incumplimiento total".
Esta brecha de percepción no es una simple controversia política; es el síntoma de un agotamiento en el modelo de gestión territorial. Por un lado, la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPH) defiende una inversión que asegura haber pacificado la ruta con ripiado y nivelación. Por el otro, la comunidad de Nauyán reporta una "farsa técnica" que ha convertido el acceso en una trampa de polvo y contaminación, afectando la salud de menores de edad y destruyendo la rentabilidad de los cultivos de exportación local.
La tensión escaló esta semana cuando Jara Gallardo decidió puentear la autoridad de Martínez, anunciando que el diálogo se mantendrá exclusivamente con los delegados y el primer regidor de la zona. Para la gestión provincial, el alcalde del centro poblado ha instrumentalizado una demanda social legítima para convertirla en un mecanismo de presión económica personal. Sin embargo, para Martínez, lo que existe es un abandono sistémico que utiliza a la periferia rural como el patio trasero de la ciudad sin ofrecer una compensación real.
La "farsa técnica" y el costo del polvo
El núcleo del reclamo de Nauyán reside en la calidad de la obra vial. Manuel Salvador Martínez precisó que el compromiso pactado ante la Prefectura y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) exigía un mantenimiento con material de compacto de entre 15 y 20 centímetros de espesor. En el terreno, según denunció la autoridad local, la maquinaria provincial se limitó a realizar un "raspado" superficial sobre tierra seca con una motoniveladora y un rodillo, omitiendo el aporte de material de cantera necesario para estabilizar el suelo.
Esta deficiencia técnica ha generado un impacto colateral en la salud pública de la zona alta. Martínez alertó sobre la situación de una institución educativa ubicada en el trayecto de las compactadoras, donde menores de 10 años inhalan nubes de polvo impregnadas con los olores emanados del botadero y la proliferación de moscas. El alcalde local ha solicitado formalmente la intervención de la Dirección Regional de Educación (DRE) para evaluar el riesgo sanitario de los escolares, un factor que, según su lectura, la provincia ha ignorado sistemáticamente.
"En la zona rural somos seres humanos, no somos animales", sentenció Martínez al describir las condiciones de vida de una población que, pese a estar a solo ocho kilómetros del centro de la ciudad, carece de electrificación básica. La ausencia de servicios y la infraestructura vial precaria han convertido el tránsito hacia el relleno sanitario en un foco de irritación social que podría derivar en un bloqueo indefinido si la inspección técnica programada para fines de abril no arroja resultados satisfactorios para la comunidad.
La agricultura de Nauyán bajo asedio ambiental
El daño colateral más profundo del conflicto se registra en la economía agrícola. Santo Domingo de Nauyán, históricamente un productor de hortalizas y rocoto, ha visto cómo sus costos de producción se disparan mientras la calidad de sus suelos se degrada. Salvador Martínez detalló que una campaña agrícola que antes requería una inversión de entre 1,000 y 2,000 soles, hoy exige hasta 10,000 soles debido a la necesidad de combatir plagas y enfermedades vinculadas a la contaminación del botadero.
El rocoto, producto insignia de la zona, ha sufrido una depreciación crítica en el mercado, llegando a venderse a solo 0.50 soles por kilo. Esta caída en la rentabilidad, sumada a la inversión creciente en fitosanitarios para mitigar el impacto ambiental, ha dejado a los agricultores de Nauyán en una situación de vulnerabilidad extrema. Para la población local, el botadero de Chilepampa representa una transferencia de riqueza negativa: Huánuco deposita sus desperdicios, pero Nauyán absorbe el costo biológico y económico de la basura urbana.
En este contexto, la falta de compensación económica directa agrava la indignación. Martínez denunció que el centro poblado recibe apenas 4,000 soles mensuales por concepto de Foncomún y "ni un sol" adicional por alojar el botadero provincial. La revelación más grave apunta a la morosidad institucional: según el alcalde de Nauyán, los distritos de Amarilis y Pillco Marca utilizan el relleno sanitario de forma gratuita, sin realizar transferencias que permitan mitigar el impacto ambiental en el territorio que los recibe.
La respuesta de Jara: acusaciones de lucro y asfixia fiscal
La versión del alcalde provincial, Antonio Jara, ofrece una lectura radicalmente distinta. Para la autoridad huanuqueña, el conflicto es artificial y responde a una agenda de beneficios personales promovida por Martínez. Jara denunció que se le intentó condicionar el avance de las obras al pago de una deuda de 120,000 soles que la empresa CR20 supuestamente mantiene con el entorno familiar del alcalde de Nauyán, además de una exigencia de 40,000 soles relacionada con una cantera privada.
"Este señor ya perdió credibilidad ante la municipalidad y ante su propia población", afirmó Jara Gallardo. El alcalde provincial fundamentó su decisión de no transferir recursos adicionales a Nauyán en un problema de transparencia: aseguró que el centro poblado tiene pendiente la rendición de cuentas de más de 90,000 soles de gestiones pasadas. Legalmente, esta omisión administrativa bloquea la capacidad de la provincia para enviar los 10,000 soles mensuales que, según Jara, corresponden a dicha jurisdicción por concepto de transferencias de ley.
Más allá de la disputa de legitimidad, Jara puso sobre la mesa una crisis estructural que afecta a todas las municipalidades del país: la asfixia financiera provocada por el Congreso de la República. El burgomaestre detalló que nuevas leyes laborales que obligan al pago de CTS, vacaciones y bonos a los trabajadores CAS, sumadas a la obligación de transferir el 0.75% de una UIT a cada uno de los 88 centros poblados de la provincia, han drenado la caja municipal. De un presupuesto de inversiones de varios millones, Jara sostiene que solo le quedan libres cuatro millones de soles anuales para obras en toda la provincia.
El laberinto de las Obras por Impuestos
El proyecto estrella para solucionar el conflicto, el asfaltado definitivo de la carretera Chilepampa, se encuentra actualmente en un laberinto administrativo. Originalmente, la obra estaba prevista bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, pero cambios normativos del Gobierno central hace 30 días alteraron las reglas de juego. Jara explicó que ahora las municipalidades deben devolver el financiamiento en solo dos años, un plazo inviable para Huánuco, mientras que los Gobiernos Regionales mantienen plazos mucho más laxos.
Esta "incoherencia normativa", como la llamó el alcalde, ha obligado a la municipalidad a reformular la estrategia. La nueva hoja de ruta implica financiar el expediente técnico con recursos propios —específicamente del canon— para garantizar que la obra se ejecute por contrata o administración directa en el futuro. No obstante, este cambio de planes es visto por Nauyán como una nueva postergación de una deuda histórica que la ciudad mantiene con la zona rural desde hace más de 15 años.
Para Jara, el cumplimiento del ripiado hasta el kilómetro 15 y el mantenimiento de los afluentes hacia los caseríos es una prueba de que la provincia no ha abandonado a Nauyán. El alcalde asegura que la población real, aquella que utiliza los ramales para sacar sus productos, sí respalda la intervención. "Usted cree que la población es loca después que le he arreglado 15 kilómetros", cuestionó Jara, desestimando las amenazas de bloqueo como un "ruido" generado por una autoridad local cuestionada.
El plazo decisivo de abril
El desenlace de esta crisis tiene una fecha marcada en el calendario: el 23 o 24 de abril. En esos días, conforme a lo pactado en las actas de compromiso, se llevará a cabo una evaluación técnica en campo con la presencia de los pobladores que firmaron los acuerdos de paz social. Esta inspección no solo medirá el espesor del material compacto o la limpieza de las cunetas; será el termómetro de la gobernabilidad en Huánuco.
Si la verificación técnica confirma la "farsa" denunciada por Martínez, el cierre del acceso a Chilepampa será inevitable, lo que sumergiría a Huánuco en una emergencia sanitaria en menos de 48 horas. Si, por el contrario, prevalece la versión de Jara sobre el cumplimiento de metas, el alcalde de Nauyán quedará políticamente aislado, pero la deuda social y ambiental de la ciudad con su periferia seguirá latente.
Lo que queda en evidencia es que la gestión de los residuos sólidos en Huánuco no puede seguir dependiendo de actas de emergencia y parches viales superficiales. La magnitud del problema exige una reforma en la distribución de los costos ambientales, donde distritos como Amarilis y Pillco Marca asuman su responsabilidad financiera y donde la provincia garantice que vivir cerca del botadero no sea una condena a la pobreza agrícola y la enfermedad respiratoria. La reunión de abril no es un trámite administrativo; es la última oportunidad para evitar que la basura de la ciudad se convierta en el detonante de un estallido social en el campo.
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