La carretera Pachachupán–Pillao se ha convertido en un punto crítico para San Pablo de Pillao y Chinchao tras dos años de paralización, con un avance físico reportado de apenas 25% y un avance financiero que, según la alcaldesa Delia Verde Ponce, alcanzaría el 65%. La autoridad distrital advirtió que la población ya no está dispuesta a seguir esperando reuniones sin resultados y que, si no se concreta el reinicio, exigirá el cumplimiento de la obra.
La intervención comprende 21 kilómetros de asfaltado y, de acuerdo con Verde Ponce, permanece detenida a pesar de que existe un contrato vigente que impide a las municipalidades de Chinchao y San Pablo de Pillao intervenir directamente en la vía. Esta restricción agrava el problema, ya que las autoridades locales tampoco pueden ejecutar trabajos de mayor alcance mientras el proyecto siga sin resolverse.
La alcaldesa señaló que el alcalde provincial asumió una intervención temporal para dar transitabilidad a la vía, pero remarcó que esa solución solo dura algunos meses antes de que el camino vuelva a deteriorarse. Su preocupación aumenta porque faltan seis meses para el cierre de la actual gestión municipal y la carretera continúa inconclusa.
El compromiso de reinicio quedó bajo observación
Verde Ponce afirmó que, en una reunión previa con ocho alcaldes y representantes del transporte, se asumió el compromiso de reiniciar la obra a partir de la quincena de junio. Según su versión, también se habló de más de S/5 millones de inversión para que el proyecto pueda continuar. Sin embargo, la autoridad sostuvo que el seguimiento realizado por su municipio no ha encontrado la respuesta esperada en las áreas técnicas y administrativas.
La alcaldesa cuestionó que los funcionarios responsables no actúen con la urgencia que requiere la obra. Indicó que ella y sus regidores acuden casi a diario a la municipalidad provincial para pedir avances, pero perciben falta de interés en gerencias y subgerencias. En su declaración, sostuvo que el compromiso del alcalde debería ser conocido y ejecutado por su equipo técnico.
El punto más delicado está en la diferencia entre lo construido y lo pagado. Verde Ponce afirmó que la obra tiene solo 25% de avance físico, pero que el avance financiero llegaría a 65%. También indicó que la inversión total sería de S/8 millones y que más de S/5 millones ya habrían sido pagados a la empresa, mientras solo S/2.4 millones habrían sido revertidos.
La autoridad evitó presentar esa diferencia como una acusación personal y dijo que el dato aparece en la parte técnica. Aun así, el desfase mencionado exige una verificación documental: liquidación de obra, saldo de balance, expediente actualizado, valorizaciones, adelantos otorgados a la empresa y resolución que permita convocar o reiniciar la intervención.
Pillao y Chinchao esperan una definición
Según Verde Ponce, el camino inmediato es que concluya la parte técnica, se apruebe el saldo de balance, se emita la resolución correspondiente y se convoque la continuidad de la obra. La alcaldesa estimó que ese proceso podría definirse en la primera semana de julio, aunque dejó claro que la paciencia de la población está cerca de agotarse.
La autoridad sostuvo que no busca enfrentarse con el alcalde provincial, pero advirtió que el tema podría “escapar de sus manos” si la población decide tomar acciones. También señaló que, en una última reunión, autoridades de Chinchao participaron en una comisión de seguimiento y que los resultados servirán para definir los próximos pasos.
El impacto ciudadano es directo. Mientras la obra no se reinicie ni se culmine, la vía mantiene problemas de transitabilidad y limita la capacidad de respuesta de los distritos involucrados. Para San Pablo de Pillao y Chinchao, el proyecto no es solo una mejora vial, sino una conexión necesaria para transporte, comercio, servicios y desplazamiento cotidiano.
La alcaldesa insistió en que la obra “sí o sí” debe culminarse porque ya empezó hace dos años y porque existe responsabilidad de la entidad a cargo. En su versión, la población esperará una semana más antes de dejar la etapa de diálogo y pasar a una exigencia directa de cumplimiento.
El caso entra así en una fase decisiva. Si la primera semana de julio no trae una resolución clara, el asfaltado Pachachupán–Pillao podría dejar de ser un expediente técnico atrasado para convertirse en un conflicto social abierto. Lo que falta verificar ahora es la versión oficial de la municipalidad provincial, el estado contractual de la empresa, el sustento del avance financiero y la fecha real de reinicio.
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