Candidatos de Socios por Áncash denunciaron públicamente que estarían siendo objeto de seguimiento, reglaje y amenazas después del asesinato de Susy Aponte Polo, y reclamaron protección policial y la intervención de unidades especializadas. Las afirmaciones fueron formuladas durante una conferencia de prensa, pero no estuvieron acompañadas por números de denuncia, documentos u otra evidencia que permitiera establecer su origen o responsables.
Edy Portalatino, candidato municipal del movimiento, afirmó que el riesgo alcanzaba también a su entorno familiar. “Ya nos han pedido la cabeza, nos están haciendo seguimiento, nos están haciendo reglaje”, declaró. Añadió que habría tenido que abandonar un lugar ante la posibilidad de un atentado, aunque no identificó a quienes estarían detrás de esos actos.
La afirmación constituye la versión pública de un candidato y no una conclusión policial. La investigación fiscal por el asesinato de Aponte se sigue como presunto sicariato, pero hasta el momento no existe una comunicación oficial que vincule ese crimen con las amenazas descritas por Portalatino.
Fernández reconoce que desconoce el móvil
Valentín Fernández agradeció que la Policía le hubiera proporcionado seguridad y pidió que otras personas amenazadas comuniquen sus casos. No obstante, ante la consulta sobre si contaba con información policial acerca del ataque, respondió: “No, todavía está en investigación”.
También sostuvo que no responsabilizaba directamente a nadie por la muerte de Aponte. “Es una hipótesis, no señalo a nadie, yo no soy ni fiscal ni policía”, manifestó. La precisión resulta central porque durante la conferencia circularon acusaciones políticas que no fueron respaldadas con una determinación de la Policía o el Ministerio Público.
Los pedidos de seguridad no se limitan a los dirigentes del movimiento. Tras el crimen, la Oficina Nacional de Procesos Electorales pidió a las autoridades responsables mantenerse alertas durante el desplazamiento de candidatos, mientras el Jurado Nacional de Elecciones reclamó una investigación diligente y célere. Ambos pronunciamientos fueron recogidos por RPP.
Anuncian marcha y presión política
Al día siguiente, Portalatino y Fernández anunciaron una marcha hacia Lima y solicitaron al Congreso censurar al ministro del Interior, César Astudillo, al considerar insuficiente la respuesta frente a la criminalidad. El anuncio convierte el reclamo de seguridad en una acción política, pero no sustituye las denuncias formales ni las medidas de protección que deben evaluar las autoridades competentes. Exitosa informó sobre el anuncio y el pedido de censura.
El caso plantea dos obligaciones distintas. La primera corresponde a la Fiscalía y la Policía: determinar autores, financiamiento y móvil del asesinato sin adoptar como prueba las acusaciones partidarias. La segunda es preventiva: evaluar el riesgo de los candidatos que dicen estar amenazados y establecer medidas concretas antes de que la violencia condicione el proceso electoral.
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