Un canal de conducción con vida útil vencida, lluvias frecuentes y viviendas ubicadas debajo de su estructura mantienen en alerta el abastecimiento de agua en Huánuco. Tras una primera mesa técnica, el gerente de SEDA Huánuco, Mirko Jurado Dueñas, informó que el 19 de junio se realizará una nueva reunión con autoridades y equipos técnicos para definir plazos sobre el nuevo proyecto de conducción y la liberación de la faja marginal.
Jurado explicó que el objetivo es acelerar el nuevo proyecto IOAR para construir un canal con mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad. Según indicó, en la primera reunión participaron representantes del Gobierno Regional de Huánuco, Defensoría del Pueblo, SUNASS, OTASS y otras entidades convocadas. También fueron invitados la Fiscalía de Prevención del Delito, la Municipalidad Provincial de Huánuco y la ANA.
El gerente sostuvo que la próxima reunión debe contar con funcionarios con capacidad de decisión, además de equipos técnicos. La agenda incluirá la liberación de la faja marginal y los actos preparatorios para la convocatoria del nuevo proyecto. “Lo importante es que el cronograma que se establezca se cumpla”, señaló.
Cinco puntos críticos bajo observación
El problema no se limita a la antigüedad del canal. Jurado reconoció que existen viviendas ubicadas debajo o cerca de la estructura, lo que incrementa el peligro. Según precisó, hay cinco puntos críticos y viviendas a lo largo de casi seis kilómetros del canal, aunque la empresa no cuenta con un mapeo exacto del número de inmuebles comprometidos.
El gerente de SEDA indicó que existen competencias compartidas entre la Municipalidad Provincial de Huánuco, la Fiscalía y otras entidades. Según afirmó, la empresa notificó a las instituciones cuando se presentaron problemas, pero el proceso para liberar o corregir algunos tramos ha sido lento y difícil.
El comisionado de la Defensoría del Pueblo, Marco Durand, calificó la reunión como un paso importante porque permitirá que las autoridades involucradas asuman obligaciones institucionales. Para Durand, la intervención debe ser preventiva, con el fin de evitar que se repitan problemas anteriores vinculados al canal.
Durand fue más severo al referirse a las ocupaciones cercanas al canal. Sostuvo que en esas zonas no corresponde hablar de propiedad privada porque se trataría de espacios públicos vinculados a la infraestructura hidráulica. También señaló que la autoridad debe imponerse para despejar el área comprometida.
Desidia, fiscalización y decisiones pendientes
El representante de la Defensoría planteó dos posibles explicaciones sobre la presencia de construcciones en zonas de riesgo: que se haya aprovechado un proceso de corrupción institucional o que las ocupaciones hayan avanzado por decisión de los posesionarios. También mencionó desidia y afirmó que el Ministerio Público debió actuar de oficio.
Durand sostuvo que la prensa local ha informado de manera reiterada sobre los peligros del canal. Además, señaló que cerca de la salida hacia Dos de Mayo se puede advertir el hurto de agua del canal principal, situación que, según dijo, debió activar la reacción de alguna autoridad competente.
La participación de la Autoridad Local del Agua será clave en la siguiente reunión. Durand indicó que el representante de ALA debe asistir personalmente para aclarar la situación real de los inmuebles ubicados en las inmediaciones del canal y emitir el informe correspondiente, considerado como primer paso para liberar la zona.
La reunión del 19 de junio será decisiva para medir si las instituciones pasan del diagnóstico a los plazos concretos. Mientras tanto, el riesgo señalado por SEDA y la Defensoría sigue concentrado en un canal antiguo, una faja marginal ocupada y una ciudad que depende de que las decisiones lleguen antes que una nueva emergencia.
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