El gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Huánuco, Teófilo Huaynates Peña, condicionó la continuidad de las conversaciones para alquilar a la Dirección Regional de Salud de Huánuco (Diresa) el inmueble que ocupa actualmente. Huaynates dijo que pondría la negociación en suspenso mientras la diputada Karina Beteta Rubín no aclare sus declaraciones sobre el destino del predio. Huaynates y Beteta se refirieron a una orden judicial de lanzamiento, pero plantearon respuestas diferentes. El gerente sostuvo que la restitución del inmueble debe ejecutarse y supeditó cualquier acuerdo posterior a la defensa del patrimonio de la Beneficencia. La diputada afirmó que respeta la decisión judicial, aunque pidió una solución entre las instituciones involucradas para evitar que un eventual traslado interrumpa los servicios del laboratorio regional. Huaynates plantea frenar la negociación Huaynates señaló que la Beneficencia mantenía conversaciones para formalizar un alquiler temporal, pero indicó que lo avanzado quedaría “en stand by” después de la intervención de Beteta. Añadió que podría elaborar un informe para proponer que la negociación quede sin efecto si considera que la posición de la parlamentaria perjudica los intereses patrimoniales de la institución. La declaración del gerente no equivale a una suspensión formal acordada por el directorio. Lo comunicado hasta ahora es su decisión de condicionar el avance de las conversaciones y su posibilidad de recomendar que estas se cancelen. Según Huaynates, el derecho de propiedad de la Beneficencia fue reconocido judicialmente y la Diresa fue declarada ocupante precaria. También sostuvo que la permanencia de la entidad sanitaria se originó en un convenio temporal y posteriores adendas, mientras se construía el nuevo Hospital Regional Hermilio Valdizán en otro terreno que, de acuerdo con su versión, perteneció a la Beneficencia. El gerente argumentó que ese convenio cumplió su finalidad con la construcción del nuevo hospital y que corresponde restituir el local. Añadió que las rentas obtenidas por los inmuebles de la Beneficencia financian alimentación, atención de salud y mantenimiento de los servicios destinados a niños y adultos mayores. Huaynates no anunció una fecha para el lanzamiento. No obstante, sostuvo que, si las instituciones no alcanzan un acuerdo, “el desalojo se tendrá que dar”. La continuidad del alquiler queda así sujeta a una definición posterior de la Beneficencia. Beteta pide una salida antes de trasladar el laboratorio Beteta respondió que no pretende desconocer la decisión del Poder Judicial ni mantener una confrontación pública con Huaynates. Propuso reunir a la Beneficencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Gobierno Regional de Huánuco y la Diresa para acordar una transición compatible con la orden judicial. La diputada sostuvo que la principal preocupación no es el traslado de las oficinas administrativas, sino la continuidad del laboratorio que atiende requerimientos de distintas provincias de Huánuco. Según la información que recibió durante una visita, mover determinados equipos y completar los trámites necesarios para volver a operarlos podría tomar entre tres y cuatro meses. Beteta señaló que el laboratorio participa en pruebas vinculadas con VIH, tamizajes y otros procedimientos de salud pública. Por ello, advirtió que una salida sin coordinación podría afectar la atención regional y pidió que las entidades definan previamente cómo continuarán esos servicios. El siguiente punto verificable será si la Beneficencia formaliza una decisión sobre el alquiler temporal y si el Gobierno Regional de Huánuco y la Diresa comunican medidas para mantener operativo el laboratorio ante un eventual lanzamiento. Hasta entonces, la restitución del inmueble y el traslado de los servicios permanecen como procesos todavía abiertos.
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