Keny Rosado, La Unión. La discusión sobre cuándo terminar las clases en Huánuco no puede reducirse a escoger una fecha en el calendario. Detrás del 4, del 11 o del 18 de diciembre hay una preocupación mucho más seria: miles de escolares y docentes que, durante la temporada de lluvias, deben desplazarse por carreteras y caminos expuestos a desbordes, huaycos e interrupciones. Cuando existen advertencias previas, esperar a que ocurra una emergencia para recién actuar sería convertir la prevención en un simple discurso.
La Dirección Regional de Educación de Huánuco finalmente ha recalendarizado el año escolar 2026. El documento establece que las clases presenciales concluirán el 11 de diciembre, una semana antes de la fecha originalmente prevista, que era el 18. También dispone suspender la semana de gestión programada del 12 al 16 de octubre y trasladarla a diciembre, manteniendo como mínimo las 36 semanas y los 160 días lectivos establecidos para el año escolar.
La medida responde a un escenario que ya había generado preocupación en la comunidad educativa. Inicialmente se planteaba que los estudiantes dejaran las aulas como máximo el 4 de diciembre para evitar que la etapa final del año escolar coincidiera con un periodo de mayor intensidad de lluvias. La resolución no llega hasta esa fecha, pero sí modifica el cronograma y reconoce formalmente que existe un riesgo que no puede ignorarse.
Y ese reconocimiento importa
Huánuco no es una región donde todos los estudiantes viven a pocas cuadras de su colegio. En numerosas zonas rurales, llegar a clases supone recorrer caminos, cruzar quebradas o utilizar carreteras que pueden quedar bloqueadas durante una precipitación intensa. En esas condiciones, mantener un calendario diseñado sin considerar la realidad territorial puede terminar colocando a estudiantes, profesores y familias ante riesgos innecesarios.
Pero recalendarizar tampoco puede significar simplemente cerrar las aulas antes. El desafío está en preservar el aprendizaje. El propio documento señala que deben garantizarse las 36 semanas lectivas, los 160 días de clases y las ocho semanas de gestión. También establece que el trabajo directivo y docente continuará durante diciembre y que las UGEL tendrán la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la nueva programación.
Ese punto merece especial atención. Una resolución puede cambiar fechas en el papel; lograr que cada institución educativa reorganice realmente sus actividades es otra cosa. Habrá escuelas con condiciones diferentes, zonas con mayor exposición a las lluvias y comunidades donde incluso una fecha común para toda la región puede resultar insuficiente frente a una emergencia concreta.
La prevención, por tanto, no termina con la firma de una resolución. Requiere seguimiento, comunicación con los padres de familia, coordinación entre las UGEL y los directores, y capacidad para reaccionar si las condiciones climáticas empeoran antes de lo previsto.
Desde estas páginas creemos que hay una lección que no debería perderse: el calendario escolar tiene que servir a los estudiantes, no al revés. Cumplir horas lectivas es indispensable, pero proteger la integridad de quienes estudian y enseñan también lo es.
El 11 de diciembre ya está marcado. Ahora queda la parte más importante: conseguir que la recalendarización funcione en las escuelas reales, especialmente en aquellas donde una lluvia fuerte puede convertir el camino de regreso a casa en un riesgo.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.