La Constitución nos otorga tanto derechos como deberes. Entre estos derechos está la libertad de reclamar, de solicitar y de expresar inquietudes. Sin embargo, cuando se aborda la propuesta de un nuevo horario laboral en el gobierno regional de Huánuco – de 7 a.m. a 3 p.m. – es esencial hacerlo con un análisis equilibrado y considerando las implicaciones para todas las partes involucradas.
Gómez Penadillo, quien ha liderado la solicitud de este cambio, parece centrarse únicamente en su perspectiva, sin considerar el panorama general. Las paralizaciones y medidas radicales no son la solución, especialmente en momentos de crisis económica. Es esencial que las peticiones se presenten de manera estructurada y fundamentada.
La propuesta argumenta que muchos trabajadores del CAS están persiguiendo estudios superiores. Mientras que la profesionalización de los empleados es esencial para un servicio de calidad, es vital sopesar las necesidades de otros involucrados. Los distritos remotos, que requieren atención en horarios regulares, se verían afectados. Las madres trabajadoras podrían enfrentar desafíos para cuidar y alimentar a sus hijos. Y, sin olvidar el caos del transporte, ¿cómo afectaría este cambio horario las ya congestionadas rutas?
A la luz de estos factores, la propuesta de cambio de horario parece no tener en cuenta la logística y las consecuencias prácticas para la ciudadanía y los trabajadores. La eficiencia y el servicio público deben priorizarse sobre cambios que podrían traer más inconvenientes que beneficios.
Para terminar, es esencial recordar las palabras del líder del pasado, Alan García, quien enfatizó la prioridad del bienestar del pueblo por encima de intereses particulares. Necesitamos soluciones constructivas y unitarias para avanzar como región y país. La división y las posturas radicales no tienen lugar en la construcción de un futuro más brillante para Huánuco.
