La Defensoría del Pueblo de Perú enfrenta una nueva controversia tras la revelación de un documento que implica a su actual titular, Josué Gutiérrez, en presuntas irregularidades de contratación y favorecimiento durante su gestión como congresista. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha solicitado a la Fiscalía iniciar diligencias preliminares para investigar las acusaciones.
Según un reportaje, Gutiérrez, mientras estaba en el Congreso, favoreció a la Municipalidad Provincial de Huarochirí, gestionada por Eveling Feliciano Ordóñez, en la inauguración de diversas obras. Posteriormente, como excongresista, Gutiérrez fue contratado como asesor jurídico de la misma municipalidad y de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Huarochirí, dirigida por Marisol Ordóñez Gutiérrez, tía de Feliciano Ordóñez. Durante este periodo, empresas vinculadas a sus cuñados recibieron contratos por significativos montos.
Esta situación se suma a los cuestionamientos existentes en la Defensoría del Pueblo, donde se han producido ocho renuncias bajo su gestión. Gutiérrez ha admitido haber invitado a los adjuntos a renunciar, alegando una necesidad de “relanzamiento” de la institución.
