Privatización de prisiones en Perú: ¿Una solución efectiva o un riesgo para los derechos humanos?

El congresista Wilson Soto Palacios, miembro del grupo parlamentario Acción Popular, ha presentado un proyecto de ley que propone la privatización de los establecimientos penitenciarios en Perú. Esta iniciativa busca atender la crisis estructural que enfrenta el sistema penitenciario del país, caracterizada por el grave hacinamiento y la falta de recursos para su adecuado funcionamiento. El proyecto de ley fue remitido a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y a la de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para su evaluación y dictamen. “La Ley de Privatización de los Establecimientos Penitenciarios busca optimizar la gestión de los centros penales, reducir el hacinamiento y mejorar servicios esenciales como salud, alimentación y reeducación”, señala el congresista en su propuesta.

Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco normativo integral que permita una alianza público-privada para la administración de los centros penitenciarios. De acuerdo con el texto, se delegaría parte de la gestión de los penales al sector privado con la intención de hacerlos más eficientes desde el punto de vista económico, al tiempo que se mejorarían las condiciones de los internos. La propuesta también establece que la seguridad interna y externa de los establecimientos penitenciarios seguiría siendo responsabilidad exclusiva del Estado peruano. Segùn María Alejandra Gonzales para Infobae

La crisis carcelaria y la necesidad de reformas urgentes

La propuesta legislativa presentada por Wilson Soto refleja una crisis profundamente arraigada en el sistema penitenciario peruano. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de agosto de 2024, el hacinamiento en las cárceles del país alcanza el 136%, lo que supera con creces la capacidad de los 69 establecimientos penitenciarios existentes, que fueron diseñados para albergar a 41,556 personas, pero actualmente alojan a 98,127 internos. Esta sobrepoblación no solo afecta la seguridad y la gestión, sino que también vulnera los derechos fundamentales de los reclusos, dificultando la resocialización y rehabilitación de los condenados, tal como establece la Constitución peruana.

Además, el Decreto Supremo N.° 014-2024-JUS declaró en emergencia el sistema penitenciario debido a la gravedad del hacinamiento y la creciente inseguridad, agravada por actividades delictivas dentro de los penales. En este contexto, el proyecto de privatización de las cárceles pretende ser una solución a esta crisis, aunque se reconoce que no está exento de controversias.

“El sistema penitenciario peruano enfrenta una crisis estructural, con niveles de hacinamiento extremos en algunas regiones del país, lo que impide cumplir con los fines constitucionales de resocialización de los internos”, menciona el proyecto, citando datos oficiales del INPE y sentencias del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del hacinamiento.

La privatización: ¿una solución efectiva o un riesgo para los derechos humanos?

El debate sobre la privatización de las cárceles no es nuevo. A lo largo de los años, varios países han adoptado este modelo como una posible solución a los problemas estructurales de sus sistemas penitenciarios, pero no sin generar controversias. En este sentido, el proyecto de ley presentado por Soto ha sido objeto de debate, especialmente en lo que respecta a los posibles riesgos para los derechos humanos de los internos.

En el informe que acompaña la propuesta, se cita un artículo de la UNESCO escrito por Leonard L. Cavise, quien advierte que la privatización de las cárceles puede tener consecuencias negativas si los intereses económicos del sector privado prevalecen sobre los derechos de los reclusos. “La administración privada de prisiones puede generar conflictos de interés si se priorizan las ganancias económicas sobre la dignidad humana de los internos”, sostiene Cavise, enfatizando la necesidad de mecanismos de supervisión rigurosos.

Por otro lado, el proyecto establece que la seguridad de los penales continuará siendo responsabilidad del Estado, lo que busca evitar que las empresas privadas se involucren en decisiones que comprometan la soberanía del país, como la libertad de los reclusos o la reducción de penas. Además, se enfatiza que las decisiones judiciales, como la concesión de libertad vigilada o la reducción de penas, deberán seguir siendo competencia exclusiva del Estado.

Un modelo público-privado para financiar la reforma penitenciaria

Uno de los principales argumentos a favor de la privatización planteada en el proyecto es la posibilidad de generar una colaboración público-privada que permita financiar de manera gradual las mejoras en la infraestructura y los servicios penitenciarios. “Este modelo colaborativo no generará un gasto significativo para el Estado, ya que las inversiones correrán a cargo de las empresas privadas, las cuales también participarán en el diseño de nuevos servicios”, se señala en el documento.

El proyecto contempla que las empresas privadas asuman la administración de los establecimientos penitenciarios bajo contratos regulados, lo que incluiría mejoras en los servicios básicos, como la salud, la alimentación y la educación de los internos. Además, se espera que la privatización pueda contribuir a la reducción de la reincidencia delictiva, al mejorar las condiciones de los reclusos y facilitar su reintegración a la sociedad.

Adicionalmente, el modelo público-privado propuesto por el congresista Soto también busca generar nuevas oportunidades de empleo, ya que las empresas encargadas de la gestión de las cárceles deberán crear puestos de trabajo para la operación de los centros penitenciarios, lo que podría tener un impacto positivo en las economías locales.

El impacto social y económico de la privatización

La privatización del sistema penitenciario tiene implicaciones tanto sociales como económicas. Desde una perspectiva económica, el modelo propuesto busca mejorar la eficiencia del sistema y optimizar el uso de los recursos públicos. La propuesta asegura que, al reducir el gasto del Estado en la administración de las cárceles, se podría destinar una mayor parte del presupuesto a otros sectores prioritarios, como la educación, la salud o la infraestructura.

Sin embargo, los detractores del proyecto sostienen que la privatización de las cárceles podría generar problemas adicionales, especialmente en términos de responsabilidad y control. “La privatización no debe llevar a una mercantilización del sistema penitenciario, ya que la principal función de las cárceles debe ser la rehabilitación de los internos y no la generación de ganancias económicas”, señala un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el tema.

En cuanto al impacto social, se argumenta que la privatización podría agravar las condiciones de vida de los internos si no se implementan los mecanismos de supervisión adecuados. Además, algunos críticos señalan que la participación del sector privado podría priorizar la eficiencia económica sobre los derechos fundamentales de los reclusos, como el derecho a la salud, a la educación y a la dignidad.

Un sistema en crisis que necesita soluciones urgentes

El sistema penitenciario peruano enfrenta una crisis que afecta tanto a los internos como a la sociedad en su conjunto. Si bien la privatización propuesta por el congresista Soto es solo una de las posibles soluciones, está claro que el país necesita medidas urgentes para abordar el hacinamiento y mejorar la calidad de la gestión en las cárceles.

“La crisis carcelaria del país requiere de reformas estructurales profundas que permitan no solo mejorar las condiciones de vida de los internos, sino también garantizar que el sistema penitenciario cumpla su función de resocialización y rehabilitación”, señala el proyecto. En este sentido, la privatización podría ser una vía viable para aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, pero es fundamental que se adopten medidas estrictas para garantizar que los derechos humanos de los reclusos sean respetados.