El caso de Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder del partido Perú Libre, continúa generando controversia en el ámbito judicial peruano. La reciente decisión de la Tercera Sala Superior de Apelaciones del Poder Judicial (PJ) de mantener la orden de prisión preventiva en su contra marca un nuevo capítulo en el proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, vinculado a supuestos aportes irregulares a su agrupación política. Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre de 2023, ha visto rechazada su apelación para cambiar la medida cautelar por una comparecencia restringida, lo que le permitiría afrontar el juicio en libertad. Este caso se da en un contexto de intensas investigaciones sobre financiamiento de partidos políticos en Perú, tema de debate constante en la opinión pública.
Según la investigación publicada por El Comercio, la sala judicial, con voto en mayoría, desestimó los argumentos presentados por la defensa de Cerrón, confirmando así la vigencia de la orden de captura y prisión preventiva. La decisión judicial se fundamenta en la persistencia del riesgo de fuga y la necesidad de asegurar la presencia del acusado durante el proceso judicial.
Los magistrados Víctor Enriquez Sumerinde y Yeny Magallanes Rodríguez, integrantes de la sala, consideraron que la prisión preventiva debía mantenerse, mientras que el juez Arturo Mosqueira Cornejo emitió un voto en discordia, argumentando que se debía ordenar la liberación de Cerrón bajo medidas restrictivas. La discrepancia en la votación refleja la complejidad del caso y la diversidad de interpretaciones jurídicas sobre la proporcionalidad de la medida cautelar.
La fiscalía imputa a Cerrón Rojas liderar una presunta organización criminal dentro de Perú Libre, con el objetivo de obtener poder político a través de la elección del gobernador regional de Junín y la ubicación de personas cercanas al partido en puestos clave. Esta acusación se vincula a investigaciones sobre las actividades de organizaciones como “Los Dinámicos del Centro”, que operaban en la región. La fiscalía enfatizó que permitir que la voluntad de una persona esté por encima de los mandatos judiciales socavaría el estado de derecho.
La defensa de Cerrón había argumentado que la anulación de su condena por el Caso “La Oroya” por parte del Tribunal Constitucional (TC) y su absolución por la Corte Suprema en el Caso “Aeródromo Wanka” debilitaban los elementos de convicción en su contra. Además, alegó que su defendido ejercía su derecho a la “desobediencia civil y resistencia a la opresión” ante una privación ilegal de la libertad, invocando informes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para convencer a la mayoría de los jueces de la Sala Superior.
La Tercera Sala Superior de Apelaciones consideró que el derecho a la desobediencia civil se vincula a arbitrariedades del Estado, no a decisiones judiciales tomadas siguiendo el debido proceso. Los magistrados rechazaron que una persona pueda, por su propia voluntad, desobedecer una resolución judicial que considera arbitraria, ya que el ordenamiento jurídico establece mecanismos específicos para impugnar tales decisiones. En este sentido, la sala argumentó que la conducta de Cerrón Rojas, al permanecer prófugo, demuestra una “resistencia voluntaria” a acatar los fallos jurisdiccionales. Este rechazo subraya la importancia del respeto a las resoluciones judiciales como pilar fundamental del sistema legal.
