La preservación de videojuegos ha cobrado un nuevo impulso en Europa gracias a la iniciativa ciudadana ‘Stop Destroying Videogames’. Este movimiento, que busca salvaguardar el acceso a los juegos más allá del cierre de sus servidores, ha superado la barrera del millón de firmas, acercándose a su objetivo de influir en las políticas de la Unión Europea. La problemática central reside en la actual práctica de desactivar juegos remotamente, dejando a los usuarios sin acceso al contenido que, en muchos casos, han adquirido legítimamente. Esta iniciativa surge en un contexto donde la propiedad digital plantea interrogantes sobre los derechos del consumidor y la sostenibilidad del entretenimiento interactivo.
Según la investigación publicada por El Comercio Perú, la iniciativa liderada por el alemán Daniel Ondruska se enfoca en exigir a los distribuidores de videojuegos dentro de la Unión Europea (UE) que aseguren la funcionalidad continua de los títulos, incluso después de la finalización del soporte oficial.
La propuesta busca abordar una práctica común en la industria: la desactivación remota de videojuegos, un hecho que deja a los jugadores sin acceso a títulos que han comprado, o incluso a aquellos a los que han accedido de forma gratuita. Esto se debe a que, con la adquisición de un videojuego digital, los usuarios no adquieren la propiedad del mismo, sino una licencia de uso que puede ser revocada por el distribuidor en cualquier momento, tal como ha reconocido Valve, la compañía detrás de la plataforma Steam. Esta situación genera controversia y plantea interrogantes sobre los derechos del consumidor en el mercado digital.
La iniciativa, que fue formalmente admitida por la Comisión Europea en junio del año anterior, con la solicitud de protección de los derechos de los consumidores, tiene como fecha límite el 31 de julio de 2025 para alcanzar los requisitos necesarios. Además de superar el millón de firmas, la iniciativa necesita alcanzar umbrales mínimos de apoyo en al menos siete países miembros de la UE para ser considerada formalmente. La campaña se encuentra ahora enfocada en alcanzar al menos 1,4 millones de firmas, como medida de precaución para compensar posibles invalidaciones.
La piedra angular de ‘Stop Destroying Videogames’ reside en la lucha contra la «obsolescencia planificada» que afecta a la industria del videojuego. Aunque no existe una fecha de caducidad explícita, la realidad es que muchos juegos se vuelven inaccesibles tras el cierre de los servidores, impidiendo que los usuarios disfruten de ellos y que se preserve su valor cultural. La iniciativa busca que los distribuidores ofrezcan «medios razonables» para que los juegos sigan funcionando sin depender de la infraestructura online del distribuidor, algo que permitiría a los jugadores seguir disfrutando de sus títulos independientemente de la decisión de la empresa.
Esta situación impacta directamente en el concepto de propiedad digital, ya que, en la mayoría de los casos, los usuarios adquieren una licencia de uso en lugar de la posesión plena del juego. Esto significa que, en cualquier momento, un videojuego puede dejar de estar disponible para su descarga o para su uso en la nube, lo que genera frustración y sensación de desamparo entre los jugadores. La iniciativa ciudadana europea busca cambiar esta dinámica y garantizar que los usuarios tengan más control sobre los videojuegos que adquieren.
