Por drenaje pluvial piden reparación civil

El juez titular Yofré Castillo Barreto del Primer Juzgado Mixto de Huánuco, admitió a trámite la demanda interpuesta por Héctor Hildeck Maldonado Montalvo, procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, contra cinco gerentes de la gestión de Jesús Giles Alipázaga y contra el consorcio encargado de la construcción del Drenaje Pluvial de Huánuco, y solicitó el pago de una indemnización de S/206 380, por daños y perjuicios. Los denunciados son Kevin Dueñas Carbajal (gerente de Desarrollo Local y presidente del Comité e Inspector de Obra), Clever Castañeda Ramón (gerente de Planificación y Presupuesto y miembro del Comité), Benjamín Cruz Picón (gerente de Administración), Jorge Loreña Esteban (subgerente de Abastecimiento), Emilio Ruiz Moncada (gerente municipal) y el Consorcio Aguas (integrado por Superconcreto del Perú S.A., Gestión e Ingeniería S.A., Ibeco Contratistas Generales S.A. y Segundo Mendoza Barrantes).
Según la denuncia de la Contraloría de la República, los funcionarios municipales postergaron por 61 días el inicio de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la construcción del sistema de drenaje de la ciudad de Huánuco, al suscribir de manera injustificada e ilegal dos adendas firmadas el mismo día que ocasionaron el pago de reajustes de precios al Consorcio Aguas por la suma de S/206 380.48, utilizando como pretexto que se encontraba pendiente la contratación de un profesional o empresa que supervise su elaboración, a pesar que las bases no lo indicaban y de contar con Kevin Dueñas como inspector de obra.
También, los miembros del comité encargado de la convocatoria de la designación de la empresa supervisora (Kevin Dueñas, Clever Castañeda y Jorge Loreña), condujeron el proceso con serios defectos que se pudieron evitar y que retrasaron el inicio de la obra, e incumplieron con tramitar ante el Ministerio de Vivienda el adelanto del 20 % que debería haberse dado el 19 de junio de 2008 y recién se hizo el 7 de agosto. La Contraloría indica que por irresponsabilidad de los funcionarios se pagó un total de S/3 325 937.41, cuando solo debería haberse pagado S/3 119 556.93; es decir, se pagó un exceso de S/206 380.48, monto fijado como indemnización que deberán pagar los denunciados.
Según la denuncia el expediente técnico debió elaborarse en el periodo de 27/12/2007 al 24/2/2008 y la obra entre el 1/3/2008 al 23/5/2009, pero en realidad se elaboró del 1/3/2008 al 29/4/2008 y la obra entre el 8/8/2008 al 31/10/2009.