Un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso abrió un nuevo frente político para la gestión regional de Huánuco. El gobernador Antonio Pulgar rechazó sus conclusiones, calificó el proceso de "forzado" y afirmó que la investigación se basó en información falsa sobre presuntas 32 obras paralizadas.
Pulgar anunció que remitirá documentación al presidente del Congreso para cuestionar el procedimiento seguido por la comisión. Indicó que varios casos incluidos en el informe, como el Hospital de Tingo María, Walker Soberón y maquinarias, ya están siendo investigados por el Ministerio Público.
El gobernador también cuestionó la participación de la congresista Medina y del congresista Carlos Zevallos. Según su versión, Medina debió inhibirse por un conflicto previo, mientras que Zevallos habría conducido parte del proceso sin objetividad. "Quieren ensuciar la imagen no solo de Antonio Pulgar, sino de la institución", manifestó.
En su defensa, Pulgar se centró en las 32 obras paralizadas. Afirmó que tres corresponden a una gestión anterior y 29 a municipalidades de la región, no directamente a su administración. Para él, ese dato generó una percepción distorsionada ante el Congreso.
El mandatario regional explicó que, como titular del pliego, firmó resoluciones administrativas, pero negó que ello implique una irregularidad. Añadió que, ante observaciones, solicitó informes, dispuso la revisión de documentos y ordenó procesos administrativos sancionadores cuando fue pertinente.
Pulgar también señaló que el procedimiento afectó el trabajo administrativo del Gobierno Regional, ya que obligó a funcionarios a atender requerimientos que, a su juicio, carecían de fundamento suficiente. No obstante, reconoció que el Congreso tiene facultades de fiscalización, aunque advirtió que estas no deben convertirse en "abuso de derecho".
En la misma conferencia, el director regional de Energía y Minas, Royer Nilton Castro, explicó que los 23 títulos de concesión minera difundidos en redes fueron otorgados entre 2025 y 2026. Sin embargo, precisó que los petitorios se iniciaron en 2021, 2022 y 2023.
Castro aclaró que una concesión minera no autoriza por sí sola la actividad de explotación. Para operar, se requiere un instrumento ambiental, autorización de uso superficial de la comunidad, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, plan de minado y plan de cierre.
El funcionario destacó que la comunidad tiene un papel clave, ya que sin su autorización sobre la superficie no puede avanzar una actividad minera. También afirmó que un petitorio no debe confundirse automáticamente con minería ilegal.
Pulgar reafirmó que su gestión está en contra de la minería ilegal y sostuvo que algunos mineros se amparan en el Reinfo para evitar intervenciones. Este caso deja dos frentes abiertos: el trámite del informe congresal y la necesidad de distinguir, con documentos, entre concesión formal, minería artesanal y actividad ilegal.
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