En un giro legal relevante, el Poder Judicial de Perú ha decidido no aplicar la reciente Ley 30424 a favor del Partido Nacionalista, que buscaba eximir a los partidos políticos de responsabilidad penal. Esta resolución se produce en el contexto de la investigación por presunto lavado de activos que enfrentan el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, vinculados a financiamiento ilegal de campañas con fondos de las empresas Odebrecht y OAS para las elecciones de 2006 y 2011.
El intento del Partido Nacionalista de acogerse a la nueva ley, que fue promulgada el 10 de junio y presentada en corte apenas un día después, fue rechazado por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. El abogado del partido, David León, argumentó que la ley impide el procesamiento penal de los partidos políticos, solicitando su aplicación inmediata para excluir al partido del proceso.
Sin embargo, el fiscal Germán Juárez contradijo esta solicitud, enfatizando que la investigación se centraba en el lavado de dinero, una acusación que no se elimina con la nueva legislación. Juárez destacó la importancia de asegurar que no ingresara dinero ilícito en las organizaciones políticas.
Finalmente, el juzgado determinó que cualquier decisión sobre la aplicación de esta ley se abordará en la sentencia final del caso.
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