El exministro de Economía Luis Miguel Castilla y el gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, coincidieron en que una de las principales omisiones del mensaje presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias fue la falta de anuncios para erradicar la minería ilegal e impulsar la minería formal en el país.
Según la extracción factual, aunque la mandataria abordó diversos temas orientados a mejorar la calidad de vida de los peruanos, no se refirió al sector minero. “No se habló de minería ilegal. En el IPE calculamos que van a ser US$12 mil millones de exportaciones y, sin un combate serio, va a ser difícil avanzar siquiera un poco. Ahí no se ha dicho nada y eso preocupa”, comentó Fuentes.
Impacto de la minería ilegal
La ausencia de este tema es crucial. De acuerdo con información del IPE, en el 2024 actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la tala ilegal habrían generado más de US$10 mil millones en ventas, de las cuales casi tres cuartas partes correspondieron a la minería ilegal. Para el 2025, solo las exportaciones de oro ilegal habrían superado los US$11.500 millones, un 55% más que el año previo, igualando en toneladas al oro legal exportado.
Según Castilla, la mandataria tampoco explicó cómo impulsará la minería formal ni anunció nuevos proyectos para el sector. “No se ha dicho nada de minería. No hay ningún megaproyecto que traiga divisas, no se ha hablado de turismo y hay muchos sectores que han sido obviados. Entonces, el detalle vendrá cuando se presente el plan”, mencionó.
Inseguridad y carga burocrática
La minería formal enfrenta una elevada carga burocrática que puede hacer que un proyecto inicie su producción después de 40 años, y hasta 62 años si se trata de un yacimiento de cobre. A esto se suman los efectos de la inseguridad. De acuerdo con el Instituto Fraser, al 2025, el 64% de las empresas vinculadas al sector minero consideró que la inseguridad desincentiva la inversión en el Perú, más del doble que en Chile (27%).
Este escenario coincide con el avance de la minería ilegal. Las denuncias por este delito registradas por el Ministerio Público se duplicaron, al pasar de 1.200 en el 2021 a más de 2.600 en el 2025.
El IPE consideró que afectar la seguridad jurídica de las concesiones, especialmente en un contexto en el que la inversión en exploración minera viene recuperándose, debilita las operaciones formales y facilita la ocupación de áreas por parte de la minería ilegal. Proyectos como Michiquillay, Conga, Los Chancas y Haquira, que representan inversiones por US$12 mil millones, tienen sus áreas concesionadas invadidas.
El gasto fiscal, otro ausente
La presidenta tampoco hizo mención a las medidas para derogar las leyes con iniciativa de gasto que vienen debilitando las cuentas fiscales. Para Castilla, ello responde a que Fujimori optó por centrar su mensaje en anuncios “políticamente correctos”. “Sería poco educado decirles, incluyendo a su propia bancada, ‘ustedes han aprobado estas leyes, ahora vamos a derogarlas’. Es como ir a tu casa e insultarte”, precisó.
No obstante, el exministro sostuvo que el nuevo gobierno merece un voto de confianza y consideró importante evaluar su desempeño, especialmente durante sus primeros 100 días de gestión.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.