La denuncia sobre un presunto quiebre del proceso electoral volvió a instalarse en el debate público tras las declaraciones de Lady Villar Castro, excandidata de Renovación Popular, quien atribuyó a la ONPE una actuación parcializada durante la jornada de votación. En una entrevista difundida luego de los comicios, Villar sostuvo que hubo demoras, falta de material electoral y actas que, según afirmó, no coincidirían con lo registrado en el sistema oficial.
Según manifestó Villar, una de las principales anomalías se habría concentrado en Lima, donde, de acuerdo con su versión, varios electores encontraron dificultades para sufragar por la ausencia de actas y la tardía instalación de mesas. La excandidata afirmó que esas demoras habrían provocado colas extensas, retiro de votantes y una menor participación en zonas donde, a su juicio, Rafael López Aliaga concentraba un respaldo decisivo para disputar el pase a la segunda vuelta.
La exaspirante al Congreso también aseguró que su organización recibió reportes sobre actas que no reflejarían los resultados que, según dijo, figuraban en el sistema. Sin embargo, en la entrevista no detalló cuántas actas observadas tendrían esa condición, en qué distritos se habrían detectado ni qué documentación específica respalda la acusación de fraude que formuló de manera reiterada durante la conversación.
Una denuncia de alto impacto político
En sus declaraciones, Villar vinculó esas presuntas irregularidades con un supuesto intento de perjudicar la votación de López Aliaga en Lima, al considerar que la capital constituye el principal bolsón electoral del exalcalde. Esa interpretación, sin embargo, fue planteada por la entrevistada como lectura política del resultado y no como una conclusión sustentada con evidencia presentada en ese diálogo.
La entrevista, además, estuvo marcada por intervenciones del conductor con afirmaciones y calificativos contra autoridades electorales y otros actores políticos, un tono que refuerza el carácter testimonial y partidario del material. En ese marco, el contenido ofrece valor informativo como denuncia pública de una dirigente política, pero no como confirmación independiente de manipulación electoral.
Lo que queda abierto, a partir de estas declaraciones, es si las acusaciones serán acompañadas por recursos formales, actas observadas, reportes de personeros o pedidos de revisión ante las autoridades competentes. Sin esos elementos, la controversia seguirá moviéndose en el terreno de la disputa política, donde una denuncia puede tener alto impacto público, pero no necesariamente valor probatorio.
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