El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, calificó el Decreto Legislativo N.º 1735 —promulgado por el expresidente del Consejo de Ministros José Jerí apenas cinco días antes de su censura por el Congreso— como “una verdadera ley procrimen”.
En entrevista con Exitosa, Chávez Cotrina explicó que la norma crea un Subsistema Especializado contra la Extorsión y modifica la investigación de delitos graves como extorsión, sicariato y organización criminal. El problema central: traslada competencias de las fiscalías existentes a nuevas estructuras que “obviamente no se van a crear” por falta de presupuesto.
“Los delitos de organización criminal, banda y criminalidad sistemática van a ser juzgados e investigados por las nuevas fiscalías que se pretenden crear, que obviamente no se van a crear”, señaló el fiscal. Esto genera un vacío operativo: casos complejos no serían asumidos por las fiscalías especializadas actuales, sino por un subsistema inexistente, paralizando procesos y favoreciendo indirectamente a las organizaciones criminales.
El decreto también amenaza con debilitar a la Corte Nacional contra la Criminalidad Organizada, que investiga bandas transnacionales como el Tren de Aragua o sicariatos de alto perfil. Chávez Cotrina lo calificó de “incoherente”:
“Imagínese usted, pretenden que todos los casos que tiene la Corte Nacional, por ejemplo contra el Tren de Aragua o contra ‘el Monstruo’, pasen a ser juzgados por estas nuevas fiscalías. Eso, pues, es incoherente”.
El fiscal insistió en que la norma es inejecutable tal como está redactada:
“Las fiscalías no se van a crear. La norma es inejecutable. No se le puede estar mintiendo al país. Hay que serle sinceros”.
A esta crítica se suma la crisis presupuestal del Ministerio Público. En entrevista previa con Canal N, Chávez Cotrina advirtió que la falta de fondos ya impide ejecutar operativos conjuntos con la Policía Nacional:
“Estos operativos no se van a poder ejecutar porque no tenemos para los pasajes y viáticos de los fiscales”.
Cada intervención involucra entre 40 y 60 fiscales, con logística que hoy no se puede sostener. Además, alertó sobre el cese de más de 4 mil asistentes en marzo, lo que reduciría drásticamente la capacidad operativa y dejaría en incertidumbre miles de investigaciones en curso contra crimen organizado, extorsión y sicariato.
El Decreto Legislativo 1735, promulgado en los últimos días de la gestión Jerí, se suma a las críticas por su impacto en la lucha contra la inseguridad ciudadana en un contexto de recursos limitados y alta demanda de operativos. Expertos coinciden en que, sin correcciones urgentes o derogación parcial, podría agravar el vacío institucional y beneficiar a las redes criminales que operan en el país.
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