A pocas horas de que el gabinete Balcázar solicite el voto de confianza al Congreso, el Gobierno anunció un nuevo aporte financiero de 500 millones de soles a Petroperú, la petrolera estatal que enfrenta una grave crisis de liquidez y deudas acumuladas.
El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, confirmó la medida tras una reunión con el presidente del directorio de Petroperú, Édgar Zamalloa, el ministro de Economía Gerardo López y representantes de ProInversión y el sindicato. El rescate se enmarca en el proceso de reestructuración patrimonial y financiera bajo el Decreto de Urgencia 010-2025.
Alfaro explicó que, pese al inicial desacuerdo del MEF, todas las partes coincidieron en actuar técnicamente:
“El peligro para el país es muy grande si esto se escapa de control. Hay deudas que presionan a Petroperú y al gobierno, y sería una irresponsabilidad dejarlo pasar. No podemos dejar que Petroperú fracase, porque si Petroperú fracasa, fracasamos todos”.
El ministro reconoció que el anterior directorio generó un “bache operativo” al realizar cambios sin coordinación con ProInversión, agravando la liquidez y complicando la compra de crudo y combustibles. Actualmente, la refinería de Talara opera entre 55.000 y 60.000 barriles diarios (lejos de su capacidad máxima de 95.000), y los fondos permitirán acercarse a ese nivel, reactivar pagos a proveedores y garantizar el abastecimiento de gasolina, diésel y GLP.
Alfaro aclaró que el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) está “descalzado” y quebrado tras la salida de Petroperú, Repsol y Pluspetrol, dejando una deuda estatal de S/1.000 millones hacia los privados que se busca refinanciar. Sin este mecanismo, no hay posibilidad de contener alzas en los precios de combustibles.
El titular del MINEM enfatizó que el apoyo no es un salvataje sin condiciones, sino una estabilización temporal mientras se implementa la reestructuración con el nuevo directorio, al que calificó de “más claro y técnico”. El objetivo es sanear la empresa, recuperar acceso a financiamiento internacional con menores tasas y, eventualmente, devolver los recursos al Estado, descartando una privatización.
Alfaro también advirtió que las deudas de Petroperú podrían ser “lapidarias para el Estado” si no se gestiona la crisis, especialmente tras la emergencia de marzo (rotura del ducto de Camisea y alza internacional del petróleo), que puso en riesgo el suministro nacional.
El nuevo paquete —que podría superar los S/500 millones según necesidades— se destinará prioritariamente a insumos y pagos urgentes. El Gobierno insiste en que Petroperú mantenga su rol estratégico sin convertirse en regulador de precios, ya que la mayoría de grifos opera bajo contratos privados y responde a la volatilidad internacional.
La medida llega en un momento político sensible y busca evitar un colapso sistémico que afecte la economía y la seguridad energética del país.
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