El Gobierno de Keiko Fujimori incluiría en su pedido de facultades legislativas al Congreso la derogación de la Ley N° 15773, vigente desde 1965, para regular de forma general el uso de peajes en carreteras y vías urbanas. La propuesta, aún en borrador, busca eliminar una norma que ha sido clave en recientes fallos del Tribunal Constitucional (TC).
La Ley N° 15773 establece que los peajes solo pueden aplicarse en vías cuyo uso sea “más ventajoso” que una carretera o línea férrea existente, o cuando una vía haya sido mejorada sustancialmente. Este marco legal fue invocado por el TC y el Poder Judicial para ordenar la suspensión del cobro en el peaje de Puente Piedra, operado por Rutas de Lima.
¿Qué implicaría la derogación?
Según Carlos Monteza, socio del estudio Cuatrecasas, el principal efecto sería eliminar la restricción de vías alternas, que resulta clave para las concesiones autofinanciadas. “El peaje no es un ingreso accesorio sino la piedra angular del esquema financiero del proyecto”, explicó.
Sin embargo, Valeria Milla, directora de derecho público de PPU, advirtió que derogar la ley sin un reemplazo generaría un “vacío”. “Los usuarios tienen derechos y garantías que están respaldados en esa norma. No se puede simplemente dejar sin efecto”, sostuvo.
La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, aclaró que la ley de 1965 no aplica a las concesiones nacionales, regidas por el Decreto Ley N° 18694 de 1970. “Todas las concesiones de alcance nacional no tienen esa norma aplicable”, precisó.
El sistema actual de peajes
En el país existen 53 peajes concesionados en 18 departamentos y 21 unidades no concesionadas administradas por Provías Nacional. Ositrán supervisa 17 contratos de concesión que abarcan más de 7,000 kilómetros de infraestructura vial.
Zambrano señaló que exigir vías alternas en todos los casos habría duplicado los costos: “La inversión no habría sido de US$ 6,400 millones, sino el doble, y los peajes costarían el doble”. La única vía con obligación expresa de vía alterna es el Anillo Vial Periférico.
Milla consideró que la nueva regulación debería definir quién asume la construcción de vías alternas y establecer mecanismos de compensación. “Una regulación moderna daría predictibilidad a todos: usuarios, concesionarios y Estado”, afirmó.
La especialista pidió que el tema sea discutido en el Congreso bicameral y no solo mediante decretos legislativos. Monteza, por su parte, instó a automatizar los peajes, señalando que Perú está rezagado frente a Chile y Brasil.
La propuesta forma parte de un borrador de la PCM, y la mandataria indicó que el proyecto se entregaría la próxima semana.
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