El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, informó que a fines de enero se publicaría el Decreto Legislativo que dará origen a la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La medida se enmarca en la delegación de facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo.
“Tal como lo hemos señalado, a fines de este mes de enero debemos estar presentando el Decreto Legislativo ya aprobado y publicado en el Diario Oficial El Peruano”, declaró el ministro durante una entrevista en Radio Nacional, precisando que no se trata únicamente de un cambio de denominación.
Fusión institucional y cambios en la gestión penitenciaria
Martínez explicó que la SUNIR se conformará a partir de la fusión del INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronasej), ambos adscritos al Ministerio de Justicia. Según indicó, la nueva entidad implicará transformaciones en la estructura, la organización y los procesos de gestión del sistema penitenciario.
El ministro aclaró que la fusión no significará un trato uniforme entre jóvenes y adultos privados de libertad. “Somos muy conscientes de que el tratamiento a los jóvenes es distinto al tratamiento de los adultos. Eso se va a mantener”, señaló, añadiendo que también se respetará la continuidad laboral de los trabajadores considerados probos y honestos. En ese contexto, confirmó que el expresidente del INPE, Iván Paredes, presentó su renuncia por motivos personales.
Posible condena de 35 años para “el monstruo”
En otro momento, el titular de Justicia se refirió al caso de Erick Moreno, conocido como “el monstruo”, quien viene siendo extraditado desde Paraguay. Según indicó, el Poder Judicial peruano podría imponerle una condena de hasta 35 años de prisión por los delitos que se le imputan.
Martínez explicó que no sería posible aplicar una pena de cadena perpetua debido a las limitaciones establecidas en el tratado de extradición entre Perú y Paraguay. “Estamos atados a ese tratado. En dicho país no existe la condena de cadena perpetua y no se le podría sancionar con una pena superior a la que establece su legislación”, precisó, subrayando que la decisión final corresponde al Poder Judicial.
Añadió que, una vez en el país, Moreno será evaluado por el médico legista, pasará por control de identidad y luego será clasificado por una junta del INPE para determinar el establecimiento penitenciario donde será recluido.
Defensa pública y acceso a la justicia
El ministro también destacó la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sunadep), que actualmente cuenta con 2,200 defensores públicos y 100 conciliadores extrajudiciales. Indicó que el objetivo es fortalecer el derecho de defensa y el acceso gratuito a la justicia, así como reducir la brecha existente de defensores por habitante. Asimismo, aseguró que el personal mantendrá sus condiciones laborales, en un proceso gradual de tránsito hacia la Ley Servir.
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