Fiscalía abre investigación preliminar contra Rafael López Aliaga por presuntos delitos electorales

La disposición del 7 de agosto comprende expresiones atribuidas al líder de Renovación Popular contra autoridades electorales y cuestionamientos formulados después de las elecciones. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Cercado abrió una investigación preliminar contra Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, por la presunta comisión de delitos contra la voluntad popular, la tranquilidad pública y los poderes del Estado y el orden constitucional. La disposición, formalizada el 7 de agosto, ordena evaluar hechos vinculados con declaraciones que López Aliaga habría dirigido contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, luego de participar en un debate presidencial el 1 de abril de 2026. Según el expediente fiscal citado por La República, las expresiones tendrían contenido intimidatorio. Las diligencias deberán establecer el contexto en el que fueron pronunciadas y determinar si poseen relevancia penal dentro de los delitos comprendidos en la investigación. El Ministerio Público también examinará la conducta del dirigente después de las elecciones del 12 de abril de 2026. La disposición señala que López Aliaga habría cuestionado la legitimidad del proceso luego de conocidos los resultados electorales, atribuido supuestas irregularidades y convocado movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, se evaluarán las expresiones que habría formulado contra autoridades electorales y los pedidos dirigidos a funcionarios públicos durante esas protestas. Estos hechos forman parte de la etapa inicial de recopilación y análisis de información a cargo de la Fiscalía. La apertura de una investigación preliminar no constituye una acusación fiscal ni determina responsabilidad penal. En esta fase, el Ministerio Público debe realizar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, establecer si existe sustento para continuar el caso y definir la situación jurídica del investigado conforme avance el procedimiento.