“Elegantes de la Gran Estafa”: Exigen 24 años para cabecilla que timó a más de 1500 personas

A casi un año de haber formalizado la acusación, el fiscal César Palli Calla, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, sustentó este 30 de abril las penas solicitadas para los integrantes de la presunta organización criminal “Los Elegantes de la Gran Estafa”, implicados en un millonario fraude a personas de bajos recursos con la falsa promesa de vivienda propia. Según el requerimiento acusatorio, el cabecilla Alberto Villón Rodríguez enfrentaría una condena de 24 años, 10 meses y 25 días de prisión por los delitos de estafa agravada y organización criminal. Para otros miembros clave —Lisa Acuña, Jazmin Morales, Aiden Ponce y Jovita García— la fiscalía pide 18 años, 5 meses y 25 días de cárcel. El resto de los involucrados, incluidos los hermanos Villón Rodríguez, enfrentan penas de entre 10 y 18 años de prisión. El Ministerio Público exige también que los imputados devuelvan los S/ 3,210 soles que cada uno de los 1,564 agraviados aportó para un supuesto módulo de vivienda. El monto total de la reparación económica asciende a S/ 5’575,561, más una indemnización por daño moral de S/ 1,400 soles por víctima, lo que representa S/ 2’189,600 adicionales. El juicio oral continuará el 5 de mayo a las 8:30 a.m., momento en que los acusados deberán responder ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco si aceptan los cargos o se acogen a un proceso de terminación anticipada. El caso Entre marzo de 2020 y junio de 2021, esta red delictiva operó bajo la fachada de la empresa OL Habitad Perú, engañando a cientos de familias con el cuento del "techo propio", supuestamente en alianza con el Ministerio de Vivienda. En realidad, se trataba de un esquema piramidal cuidadosamente diseñado para captar y desfalcar los ahorros de personas humildes. En total, la organización logró apropiarse de más de S/ 7.9 millones. Detenidos De los 10 investigados, cinco permanecen con prisión preventiva en los penales de Huánuco, Cochamarca y San Martín hasta el 20 de julio del presente año, a la espera de una sentencia firme.