Ejecutivo reglamenta fondo de S/85 millones para pagar sentencias judiciales del sector Educación

Hasta S/85 millones serán destinados a continuar el pago de sentencias judiciales firmes del sector Educación correspondientes al Gobierno Nacional y gobiernos regionales, según las reglas aprobadas mediante el Decreto Supremo N.° 160-2026-EF. El reglamento establece que cada beneficiario podrá recibir una cancelación o amortización de hasta S/20 mil por deudas derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2025. Para definir a los beneficiarios se reactivará una Comisión Multisectorial integrada por cinco representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y tres del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sus miembros deberán ser designados dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la norma y la comisión deberá instalarse dentro de cinco días hábiles. Adultos mayores tendrán prioridad de pago La selección aplicará los criterios establecidos para deudas laborales, previsionales y por vulneración de derechos humanos, con atención preferente para acreedores mayores de 65 años, personas con enfermedad terminal o avanzada y beneficiarios con discapacidad severa. Los gobiernos regionales y las entidades nacionales tendrán hasta 35 días hábiles desde la instalación de la comisión para presentar sus listados. Sus comités permanentes deberán verificar que las sentencias estén firmes, tengan requerimiento judicial expreso de pago y no mantengan recursos o acciones judiciales pendientes. La comisión contará con un plazo máximo de 60 días hábiles desde el inicio de sus funciones para elaborar el listado complementario definitivo. Este documento deberá incluir los pliegos, unidades ejecutoras, beneficiarios y montos correspondientes. La norma también advierte que los plazos son preclusivos: la información que no sea presentada o subsanada dentro de las fechas establecidas quedará fuera del proceso. La Contraloría podrá efectuar acciones posteriores de control sobre las entidades que participen en el pago de estas obligaciones.