Dictan nueve meses de prisión preventiva contra investigado por violación de menor, pero continúa prófugo

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado consiguió que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra Tonny Romero, investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad. Sin embargo, pese a la gravedad de la imputación y al mandato judicial, el investigado permanece prófugo, debido a que actualmente figura como no habido y su paradero es desconocido. El requerimiento fue sustentado por la fiscal adjunta provincial Ana María Piñán Acedo, quien presentó ante el juzgado los elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos denunciados. Tras evaluar el pedido, el órgano jurisdiccional declaró fundada la medida coercitiva. El plazo de prisión preventiva se hará efectivo una vez que Romero sea ubicado y capturado por las autoridades. Según la investigación fiscal, el imputado habría aprovechado su condición de hermano de la pareja de la madre de la víctima para ingresar con frecuencia a la vivienda. Bajo ese vínculo de confianza, Romero habría sometido a la menor mediante violencia y amenazas, cometiendo presuntamente abusos reiterados desde que ella tenía 11 años, acumulándose más de 20 episodios de agresión sexual. El caso se conoció cuando la víctima, afectada por un cuadro de depresión y miedo constante, decidió contar lo ocurrido a sus compañeros de colegio. La revelación activó la alerta en el entorno escolar y, posteriormente, el padre de la menor formalizó la denuncia, dando inicio a las diligencias del Ministerio Público y la Policía. Con la medida dictada, la Fiscalía advirtió que el investigado representaría un riesgo procesal por peligro de fuga y posible obstaculización, factores que se refuerzan con su condición actual de no habido. En ese marco, las autoridades intensifican las acciones para ubicarlo y ponerlo a disposición de la justicia. La Fiscalía reiteró que la prioridad es asegurar la captura del investigado, garantizar la protección de la víctima y evitar que el caso quede impune.