La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) exhortó al Congreso de la República a evaluar “con celeridad y responsabilidad” el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, en medio de la demora en el Parlamento para definir su trámite.
“El Perú no puede seguir esperando”, señaló el gremio empresarial en un comunicado, en el que vinculó la necesidad de adoptar decisiones con tres prioridades: enfrentar la inseguridad ciudadana, prevenir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y recuperar la inversión y el empleo.
“Confiep exhorta al Congreso de la República a evaluar con celeridad y responsabilidad el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo y a aprobar aquellas medidas que permitan enfrentar eficazmente estas prioridades nacionales”, manifestó.
Las condiciones que plantea el gremio empresarial
Confiep sostuvo que las facultades que eventualmente se otorguen deben ser “claras, delimitadas y sujetas a control”, además de contar con plazos de ejecución, metas verificables y mecanismos de rendición pública de cuentas.
“No se trata de entregar un cheque en blanco, sino de proporcionar al Gobierno los instrumentos necesarios para actuar y exigirle resultados”, indicó el gremio.
La organización empresarial advirtió que cada día sin decisiones afecta a las familias, a los trabajadores, a los emprendedores y a miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país. Asimismo, afirmó que “la lucha contra la delincuencia, la prevención ante posibles emergencias climáticas y la recuperación de la economía no admiten cálculos políticos ni más postergaciones”.
El gremio añadió que el sector empresarial está dispuesto a colaborar técnicamente en la formulación e implementación de medidas orientadas a generar empleo formal, proteger la actividad productiva y mejorar las condiciones de vida.
“Invocamos al Congreso y al Poder Ejecutivo a construir los acuerdos necesarios y actuar con la urgencia que el país demanda. El Perú necesita decisiones, ejecución y resultados”, añadió.
Qué contempla el pedido de facultades del Ejecutivo
Según Infobae, el Ejecutivo formalizó el pedido de facultades ante el Congreso con un plazo solicitado de 120 días. El Proyecto de Ley N.° 00098-2026-2031-CD contempla 66 pedidos específicos, distribuidos principalmente entre tres ejes: seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias derivadas del fenómeno El Niño.
La iniciativa tuvo un primer traspié administrativo, dado que el Gobierno debió subsanar la falta de un documento formal que acreditara la aprobación del pedido por parte del Consejo de Ministros. Para resolver esa observación, el Ejecutivo remitió el 31 de agosto una copia certificada del acta correspondiente. Tras la corrección, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente con el objetivo de agilizar el debate de la propuesta.
Uno de los puntos centrales del proyecto plantea establecer un marco legal para que las organizaciones criminales puedan ser catalogadas como organizaciones terroristas, con disposiciones específicas para su clasificación y registro. El premier Luis Galarreta explicó que esta medida busca dar a las Fuerzas Armadas mayor respaldo jurídico para actuar junto a la Policía Nacional frente al avance de la delincuencia.
Según Galarreta, la nueva calificación también facilitaría la cooperación internacional para enfrentar a estructuras criminales transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua. El jefe del Gabinete Ministerial detalló que el paquete de facultades contempla, además, que las Fuerzas Armadas puedan ejecutar labores de control en zonas fronterizas y de vigilancia perimetral en los exteriores de los penales del país.
El proyecto suma otras dos disposiciones orientadas al fortalecimiento operativo: la unificación de las labores de inteligencia entre las distintas entidades del Estado y la incorporación de herramientas tecnológicas, como drones y sistemas de cámaras, para las comisarías.
La solicitud también incorpora una política orientada a acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados del territorio peruano. La presidenta Keiko Fujimori confirmó que esta medida forma parte del conjunto de acciones planteadas por el Ejecutivo en materia de seguridad, aunque no detalló el mecanismo específico que se aplicaría para agilizar los procesos de expulsión ni estableció un plazo para su eventual implementación.
El trámite en el Congreso y la propuesta de Renovación Popular
Según Infobae, la presidenta Keiko Fujimori invocó al Congreso a agilizar el análisis del pedido de facultades. “Invocamos al Congreso de la República a que ellos puedan analizar este pedido de facultades de una manera rápida”, declaró Fujimori en entrevista con TV Perú.
El proceso legislativo se desarrolla bajo la nueva estructura bicameral del Congreso peruano. El pedido debe transitar primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado. De acuerdo con Infobae, la Comisión de Constitución del Senado dispone de hasta 90 días hábiles para dictaminar la autógrafa que reciba desde la cámara baja.
Según Revista Caretas, Renovación Popular presentó un texto sustitutorio al pedido de facultades del Ejecutivo y solicitó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que lo debata antes de aprobar el dictamen correspondiente. La iniciativa fue suscrita por los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec.
El planteamiento concentra las facultades en seguridad ciudadana, prevención ante el Fenómeno El Niño y gestión del riesgo de desastres, reactivación económica y empleo, además de modernización y simplificación del Estado. En el oficio remitido a Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, Rocha y Krklec sostienen que su propuesta busca precisar el alcance de las materias que podrían ser delegadas al Ejecutivo y evitar habilitaciones abiertas o indeterminadas.
La iniciativa mantiene el plazo de 120 días, pero establece materias y objetivos específicos. En seguridad ciudadana incorpora cambios sobre migraciones, telecomunicaciones utilizadas para actividades ilícitas, armas de fuego, sistema penitenciario, extorsión, sicariato, criminalidad organizada y participación excepcional de las Fuerzas Armadas en establecimientos penitenciarios.
En materia económica, la propuesta contempla cambios a la Ley de MYPE para simplificar la constitución de empresas, facilitar su acceso a compras estatales y ampliar el acompañamiento en digitalización, innovación y transformación digital. También incluye medidas sobre empleo juvenil, inspección laboral y bonos de productividad en el sector privado, con incentivos por desempeño con criterios objetivos y medibles, sin que sustituyan la remuneración ordinaria ni los beneficios laborales reconocidos por la legislación vigente.
La propuesta de Renovación Popular incluye además facultades para que el Ejecutivo adopte medidas frente al Fenómeno El Niño y el riesgo de desastres.
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