El abogado y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, cuestionó la posibilidad de ampliar nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y sostuvo que una nueva prórroga no resolvería el problema de la minería informal e ilegal en el país. En entrevista con Canal N, señaló que el proceso de formalización lleva varios años sin alcanzar resultados suficientes.
Según Ipenza, extender el REINFO significaría prolongar un mecanismo que, a su juicio, ha permitido que operadores que incumplen las normas continúen con actividades extractivas. El especialista recordó que existen miles de registros que no han logrado avanzar hacia la formalización y que no todos los inscritos cuentan con las condiciones necesarias para completar el proceso. Añadió que algunos registros incluso serían utilizados para comercializar oro de origen ilegal.
Exenciones y falta de controles
Ipenza cuestionó además que los mineros inscritos en el REINFO puedan beneficiarse de determinadas exenciones de responsabilidad. Según explicó, esta situación dificulta que las autoridades puedan perseguir penalmente actividades que generan contaminación, afectan fuentes de agua y ocasionan daños ambientales.
Frente a la propuesta de una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (MAPE), el vocero consideró que el Estado debería utilizar la vía ordinaria y establecer reglas claras para diferenciar a quienes realmente pueden formalizarse de aquellos que desarrollan actividades que no cumplen las condiciones legales. También señaló que existen casos en los que la formalización resulta prácticamente imposible debido a conflictos entre mineros y titulares de concesiones.
Dimensión económica de la minería ilegal
Ipenza advirtió sobre la dimensión económica de la minería ilegal. Citando estimaciones que ha revisado, señaló que esta actividad habría movilizado alrededor de 11.500 millones de dólares durante 2025, lo que evidencia, según afirmó, la magnitud del problema y la presencia de organizaciones criminales vinculadas a la cadena de extracción y comercialización del oro.
El especialista también planteó la necesidad de mejorar los sistemas de control para conocer cuánto oro produce cada operador y cuánto comercializa, con el objetivo de evitar que el metal de origen ilegal ingrese al circuito formal. Asimismo, consideró necesario reforzar la fiscalización de las plantas de beneficio y eliminar mecanismos que, en su opinión, favorecen la impunidad.
Influencia política y responsabilidad del Congreso
Respecto a la posibilidad de una sexta ampliación del REINFO, Ipenza sostuvo que esta decisión evidenciaría la influencia política que tendría la minería ilegal en el país. Señaló que representantes del sector han mantenido reuniones con autoridades del Ejecutivo y del Congreso para impulsar medidas favorables a sus intereses.
Finalmente, cuestionó la conducción de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y sostuvo que sus integrantes deben asumir responsabilidad por las decisiones que adopten en materia de minería. Consideró indispensable que el debate sobre la formalización minera incluya mayores controles y que las medidas aprobadas no terminen favoreciendo actividades ilegales.
“Estemos pendientes de lo que suceda en esa comisión y de los votos de los distintos partidos, no solamente Juntos por el Perú, que ya hemos visto en el pasado cómo actúa y no nos sorprendería su accionar en el nuevo tiempo”, manifestó.
El debate sobre el futuro del REINFO sigue abierto en el Congreso, donde se evalúa si proceder con una nueva prórroga o rediseñar el mecanismo de formalización. Hasta el momento, no se ha precisado una fecha para la votación ni un dictamen oficial sobre la sexta ampliación.
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