CAL exhorta al presidente Balcázar observar ley que incorpora delito de lesa humanidad

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) emitió un pronunciamiento dirigido al presidente José María Balcázar para que observe la autógrafa de la Ley 14337/2025-CR, que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal. La norma, presentada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, fue calificada por el gremio como jurídicamente cuestionable y contraria a la tipificación internacional.

Cuestionamientos a la tipificación

Según el CAL, la ley se aparta del Estatuto de Roma e incorpora elementos ajenos a la normatividad internacional, lo que genera ambigüedades técnicas. El colegio profesional advierte que, al no tipificar adecuadamente el delito, existe una alta probabilidad de impunidad para hechos que deberían ser calificados como de lesa humanidad.

“Constituye un grave retroceso para los casos en trámite. Su aplicación inmediata quiebra la seguridad jurídica de expedientes judicializados que llevan años o décadas, al permitir que hechos susceptibles de ser calificados como delitos de lesa humanidad sean tratados como delitos comunes”, señala el documento.

Exclusión de víctimas y riesgo de impunidad

El pronunciamiento del CAL detalla que la norma excluye a grupos humanos que sean parte de un conflicto interno o externo, los cuales no serán considerados víctimas del delito de lesa humanidad. Esta exclusión, según el gremio, incrementa el riesgo de que crímenes graves queden impunes.

El colegio profesional hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos para que se pronuncien de forma inmediata sobre la incorporación jurídicamente cuestionable de este delito.

Retraso en defensa de áreas marino-costeras

En el mismo comunicado, el CAL también se pronunció sobre el retraso en la aprobación del Proyecto de Ley N. 05666-2023/CR, que propone la defensa de las áreas naturales protegidas marino-costeras, necesaria para la conservación de recursos marinos.

“La defensa del medio ambiente, los derechos humanos, la seguridad jurídica y el interés nacional exige una actuación legislativa compatible con la Constitución y los estándares internacionales vigentes”, concluye el pronunciamiento del CAL.